Sábado 14 de enero de 2012
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Los cuatro muertos que provocó la represión policial contra la población de Yapacaní, incrementa el número de víctimas de la violencia política en el actual “proceso democrático” que este 2012 cumple 30 años y, sin embargo, el último quinquenio evidencia que el “terrorismo de Estado” no ha sido superado y menos desterrado. El principal testimonio y resultado del trabajo que los políticos deberían ofrecer a la sociedad boliviana, es un mínimo de garantías en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos y derechos constitucionales, contra aquellos que el pueblo no ha olvidado aún y que se refieren a los 375 muertos, además de centenares de presos, exiliados y desaparecidos que dejaron los veinte años de dictaduras militares.
De manera contradictoria, el actual régimen de gobierno autocalificado “de izquierda”, configura una acción represiva que recurre métodos de fuerza, anti democráticos, y dictatoriales en lo político y neoliberal en lo económico, cuyas autoridades olvidaron su promesa de “atender las demandas de esclarecer” los 6.804 casos de torturas, muertes y desapariciones de personas y, de hecho, no hicieron nada por la búsqueda de la justicia y menos atender las necesidades de miles de personas que sufren discapacidad, producto de esa violencia política.
