No se extrañe estimado lector, deliberadamente he puesto en palabras el monto agregado de los presupuestos fiscales no ejecutados hasta el 30 de noviembre del 2011.
Esta cifra sideral, ha sido reportada por varios medios de comunicación y no ha sido observada por el gobierno, por tanto, es correcta.
Disculpándome por ser repetitivo, aclaro estimado lector, que se tiene veinte mil quinientos millones de bolivianos de presupuesto fiscal sin ejecutar, no por falta de dinero, sino todo lo contrario, el dinero ha estado disponible pero no se ha tenido la capacidad de gasto.
Una vez salidos del asombro la pregunta lógica es: ¿Por qué se tiene tanto dinero sin utilizar?
Los presupuestos fiscales han alcanzado niveles muy elevados gracias a los precios extraordinariamente altos de nuestras exportaciones y no como resultado de políticas económicas internas. Los dineros sin utilizar son consecuencia de la ineptitud e improvisación del personal estatal a cargo de proyectos.
Por otro lado, es correcto anotar que la ineficiencia y falta de oportunidad en el manejo y/o provisión de fondos para proyectos por los estados es un mal generalizado. Así tenemos que la Agencia Internacional de Energía (IEA) en su evaluación anual, expresa su preocupación que para poder contar con abastecimiento de energía adecuado con la demanda se requiere la ejecución anual de sumas crecientes de dinero y que siendo los gobiernos los que ahora controlan la mayor cantidad de reservas de recursos energéticos, deberían ser los mayores inversores.
Tal hecho no sucede lo que motivado que la IEA sentencie que el “nacionalismo energético” se ha convertido en un obstáculo para la inversión en el sector.
El año 2012 pondrá a prueba esa afirmación en nuestra región. A partir de este mes, de acuerdo a contrato con Enarsa de Argentina, deberíamos estar entregando 11 millones de metros cúbicos por día. No estamos en condiciones de hacerlo. Recién a partir de abril, se podría contar con producción adicional de Margarita, siempre y cuando los trabajos de construcción de la planta de tratamiento y de las líneas de recolección se terminen sin problemas. Esa fecha es la señalada por Repsol, esa es la parte que le corresponde a la empresa privada.
La producción incrementada de Margarita requerirá un oleoducto para trasladar el petróleo y/o condensado recuperado en la planta de separación. A su vez, esos líquidos adicionales deberían ser refinados en nuestras refinerías. Esas líneas y ampliaciones son responsabilidad exclusiva de YPFB. En abril todo el sistema debería funcionar en forma coordinada. La actividad privada es febril, en cambio la estatal todavía no se ha iniciado.
Pero ahí no paran nuestras penas. En el lado argentino todavía no se ha comenzado la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), que debe transportar la producción de gas comprada e importada de Bolivia.
Como se ve, la apreciación de la IEA es correcta al decir que los gobiernos no son oportunos en sus inversiones ni tampoco crean las condiciones legales para que la inversión privada pueda participar.
Las soluciones que se están planteando en el país son el dictar nueva ley de hidrocarburos y modificar o anular la Ley Safco.
El modificar o anular la Ley Safco, no es nada aconsejable. Su eliminación no mejorará la capacidad administrativa y gerencial de la Administración Pública y su ausencia puede crear un verdadero carnaval de uso de esos dineros.
¿La Ley? Hace 2 años venimos prometiendo una nueva en todos los pocos Foros Internacionales que se desarrolla sobre el tema en el país. La temática general está clara: contar con una nueva legislación petrolera más atractiva para la inversión privada extranjera en el sector.
Lograr este tipo de legislación, significará una dolorosa decisión cambiando totalmente el discurso político antiimperialista, nacionalista, reivindicador de supuestas pérdidas de soberanía y en todo aspecto anti neoliberal que terminaría haciendo cambios a la actual Constitución Política del Estado.
(*) Ingeniero
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