El 2011 fue un tiempo de graves transgresiones a la libertad de expresión y de amenazas en contra de periodistas y medios de comunicación, se aprobaron algunas disposiciones como la Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminacion y se incluyeron algunas limitaciones al ejercicio del periodismo.
Varias alternativas fueron parte de una posición especial del Gobierno tratando de poner en duda la actividad de los periodistas, el asunto se convirtió de veras en un factor preocupante no sólo para los afectados con restricciones en el desarrollo de su misión de informar sino también en la comunidad en conjunto que observaron con temores los ataques en contra de la prensa y los medios, entendiendo que “por ahí se comienza a debilitar el sentido de la democracia”.
La libertad de expresión como un aspecto inviolable e inalterable fue defendida a ultranza por los periodistas y los empresarios de medios, pero también por la ciudadanía a través de sus más connotadas instituciones tal el caso de la Central Obrera Boliviana y sus filiales regionales, las universidades, asociaciones profesionales, organismos gremiales y hasta agrupaciones originarias, además de los sectores políticos por tanto la coincidencia de los propósitos ciudadanos fue de no permitir que se vulneren los derechos que alteran la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Una “cumbre” política incluyó en su agenda la consideración del peliagudo asunto, proponiendo inclusive transformar, modificar, cambiar la Ley de Imprenta, instrumento normativo de la actividad periodística que sigue vigente por su concepción de respeto a los derechos ciudadanos y en defensa no precisamente de los periodistas o los medios más bien de los derechos ciudadanos para ser bien informados.
Es evidente y los periodistas y los empresarios de medios reconocen que la Ley de Imprenta necesita ser actualizada expresamente en los capítulos que se relacionan con el avance tecnológico y la inclusión de la radio, la televisión y la Internet este último sistema como último avance que es utilizado por miles de personas a lo largo y ancho del mundo…pero, esa consideración de actualizar la Ley de Imprenta tiene que ser responsabilidad de los interesados, los protagonistas de la actividad periodística y no por los políticos que buscan o tienen otros intereses para ejercer control sobre los medios y sus contenidos.
La libertad de expresión es un atributo propio de la democracia, por tanto no se trata de ningún favor, ni menos de alguna condición para ejercer tal derecho, por tanto no puede pensarse ni remotamente en que este derecho pueda ser manejado desde la concepción de un partido gobernante, cualquiera sea este y en cualquier parte del mundo…aunque ese fenómeno está sucediendo en ciertos gobiernos atrabiliarios que atacan y buscan lapidar a los medios, a los periodistas y con ellos sus libertades de expresión y de información.
Si hay algo que debemos observar serena pero celosamente es la vigencia plena en la presente gestión de la libertad de expresión, ese don democrático que no puede restringirse por los temores políticos que tienen los que obran y actúan al margen de las leyes, queriendo aparentar legitimidad para cumplir propósitos que alteran las libertades y los derechos ciudadanos.
Pretender alterar la libertad de expresión, tratando de restringirla, es una muestra simplemente grotesca e irrespetuosa contra la democracia y las libertades que de ella derivan para garantizar dignidad, justicia y equidad.
Fuente: LA PATRIA
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