Asociadas a una administración no independiente de la justicia, siempre estarán presentes mayores niveles de corrupción
• Por: Eduardo Campos Velasco
Todos en algún momento, hemos expresado nuestra preocupación respecto la justicia boliviana. Sabemos con la suficiente certeza que las cosas no están bien y que hacen falta transformaciones profundas para hacer de ésta, una garantía de la convivencia pacífica entre los ciudadanos y de éstos con el estado. Retardación, prebenda, cuoteo, tráfico de influencias, entre otras, son males que han acabado minando la confianza del ciudadano respecto al sistema de justicia de nuestro país, al extremo que es común aplicar la siguiente frase: “más vale un mal arreglo a un buen juicio”, expresado el temor y desconfianza que todos tiene de verse envueltos en un proceso judicial.
La falta de acceso universal a la justicia en términos de igualdad de los ciudadanos ante la ley, los niveles de corrupción y tráfico de influencias, los fallos inmotivados que no se ajustan a la constitución política del estado y las leyes, la sistemática violación del derecho al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia, la retardación de fallos, así como la ausencia de una efectiva tutela judicial que garantice los derechos fundamentales de las personas, son un conjunto de prácticas comunes que constituyen los problemas estructurales de la justicia boliviana, mismos que no serán resueltos con la sola elección de magistrados por el voto de los ciudadanos.
La justicia, como la organización política - social y la economía, hacen al buen desenvolvimiento de una sociedad. Dicen los expertos que la sostenibilidad de una sociedad, se asienta en un buen gobierno, democrático y legitimo; una sólida economía, base material de su desarrollo y; un sistema de justicia imparcial e independiente. Si esto es así, cualquier transformación del sistema de justicia en nuestro país, debiera partir por enfrentar los problemas estructurales que la aquejan, garantizando su plena independencia e institucionalidad, de manera que – en algún momento – la justicia se constituya en una garantía para la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Lo que no esperábamos los bolivianos, es que ese estado de situación – que efectivamente requiere ser modificado – sea aprovechado para impulsar un proceso de subordinación de la justicia por el poder político, superando con creces lo que acontecía en el pasado.
El día de ayer se ha posesionado a los magistrados que perdieron en las urnas el 16 de octubre. No sólo que perdieron, sino que una gran mayoría de ellos no superaron en 2 y 3% de la votación. Esta situación objetivamente se puede catalogar de una verdadera arbitrariedad del Gobierno que ante la falta evidente de respaldo popular a sus candidatos en octubre pasado, responde posesionándolos a ultranza, mostrándonos a todos que el propósito central de todo el proceso de elección tenía un objetivo concreto, manipular los tribunales de justicia a su favor.
Lo paradójico es que el mismo día de la posesión de magistrados, el fiscal general del estado, decide, sin fundamentos claros, excluir de las investigaciones y el proceso por la represión a la marcha del Tipnis al Presidente y al Vicepresidente. ¿Es o no esa una prueba clara de manipulación de la justicia?
Evo Morales y García Linera, son responsables de esa luctuosa acción, ya sea por acción u omisión; ellos si no ordenaron - como sostienen - debieron impedir que los sucesos se produzcan; esa es su responsabilidad como principales autoridades del Gobierno, del ejecutivo, de las fuerzas del orden. No lo hicieron y no hay forma de deslindar su responsabilidad; sin embargo el fiscal, de una manera por demás complaciente y cínica, decide apartarlos del proceso, argumentando que no existen suficientes indicios. Queda por demás evidente de que esa acción, no puede sino tipificársela de intromisión política y tráfico de influencias.
Finalmente, como si faltara, los magistrados posesionados (varios de ellos) en una actitud de soberbia y ensimismamiento que caracteriza al Gobierno, juraron a sus cargos, levantando el puño en alto, símbolo del partido de gobierno. ¿Pudiéramos decir entonces que el órgano judicial es independiente?
(*) Asambleísta Departamental (UN)
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