La Suprema no procesará a Morales ni a García por represión a indígenas

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El nuevo Tribunal Supremo de Justicia que fue posesionado ayer por el presidente Evo Morales en Sucre no procesará al Primer Mandatario ni al vicepresidente Álvaro García Linera por la represión violenta en septiembre que sufrieron los indígenas de tierras bajas que marchaban en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

La noticia fue confirmada por el Fiscal General del Estado, Mario Uribe, horas antes del acto de juramento a 56 nuevos magistrados (titulares y suplentes) del Órgano Judicial. Uribe es fiscal interino y fue ratificado en el cargo por el vicepresidente García Linera.

“El suscrito fiscal hizo conocer a la Sala Penal única y exclusivamente en el marco de su competencia (su decisión), mejor dicho, la acumulación de antecedentes en el marco de la proposición acusatoria presentada contra el Presidente y Vicepresidente, cuya resolución es precisamente rechazando ambas proposiciones acusatorias”, dijo Uribe ante una conferencia improvisada de periodistas.

“La decisión que tomó mi autoridad es en el marco de la Ley Nº 44 que es contra el Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia”, reiteró el máximo representante del Ministerio Público.

La represión contra los indígenas fue perpetrada por fuerzas policiales y provocó la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y el viceministro de Régimen Interno, Marcos Farfán.

El artículo 252 de la Constitución Política del Estado establece que “las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno. El vicepresidente García Linera anticipó que el presidente Morales no dio la orden de reprimir a los indígenas y pidió “paciencia” a los periodistas hasta que decida dar a conocer el nombre del responsable.

Uribe indicó ayer que “con relación a las demás autoridades y personas (acusadas) se establecerá lo que corresponda en el marco del proceso establecido en la ciudad de La Paz”.

MAGISTRADOS

Los nuevos magistrados no obstante, asumirán la tarea de liquidar más de 12.500 causas pendientes y agilizar todas las causas nuevas. En todo el sistema carcelario del país, al menos seis de cada 10 permanecen privados de libertad sin sentencia ejecutoriada (definitiva), según cifras oficiales.

La posesión de nuevos jueces reflejó el despliegue del Gobierno en actos de protocolo y difusión de noticias que buscaban resaltar un acto rechazado por la oposición. Mientras en La Paz, el concejal de Unidad Nacional Omar Rocha denunciaba en un acto público que el “MAS ha decidido tomar por asalto la justicia”, la agencia de información oficial del Gobierno, ABI, destacaba que “Bolivia estrenaba el martes, primero de 2012, un nuevo sistema judicial que reemplazará a otro que rigió durante 186 años determinado por la corrupción, los privilegios de clase y raza en medio de la más triste de las reputaciones”.

“Electos en las urnas el 16 de octubre anterior, 56 nuevos magistrados, mujeres e indígenas, como nunca, blancos y mestizos se harán cargo, desde este martes, de la administración de justicia en Bolivia, tras una solemne acto previsto en la sede del Poder Judicial, la ciudad de Sucre”, según el Gobierno.

“Se trata de una nueva etapa en la construcción democrática del Estado con una profunda reforma judicial”, reiteraba la información oficial.

El 60 % de votos blancos y nulos en la elección de jueces el pasado 16 de octubre expresó su rechazo a los magistrados que fueron posesionados ayer.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, sostuvo que la instauración de la nueva justicia en Bolivia es un paso histórico fundamental en Latinoamérica.

“Estamos escribiendo una nueva era en Bolivia y en América Latina porque de aquí a seis años la próxima elección judicial será por voto, no habrá más elección de autoridades en los congresos”, señaló.

Fuente: La Paz, 03, LA PATRIA