Se acaba la gestión y es cuestión de horas más para que se estrene el Órgano Judicial del país que contará con nuevos funcionarios de alto nivel, pero que no con los instrumentos jurídicos para ejercer su renovada tarea, por tanto los flamantes magistrados se encontrarán todavía con las viejas y sabias leyes, que durante todos los años han servido para ejercer la Ley.
No se ha comentado mucho pero la Asamblea Legislativa ha trabajado arduamente para sancionar muchas leyes y códigos que deberán ser parte de las carpetas de ejercicio legal que el Estado otorga a los nuevos magistrados, hombres y mujeres elegidos por el voto parcial de una parte de la ciudadanía.
Este año una variante que se cumplió parcialmente eliminó la consabida vacación judicial, todo para dar paso efectivo a lo que se ha denominado la transición del cambio de los magistrados que deben asumir funciones y de los que, en muchos casos sin cumplir el mandato fijado por ley, deberán dejar sus cargos supremos sin derecho alternativo. El Poder Ejecutivo promulgó ya la Ley de Transición Judicial que explica lo que sucederá con el resto del personal en todas las dependencias de la judicatura nacional, entendiendo que los nuevos magistrados posiblemente quieran gente nueva y mínimamente de su confianza. Un proceso especial que cierra las tareas de lo que fue el Poder Judicial y que da paso al Órgano Judicial.
Se trata de un delicado cuanto complejo proceso de transición, en el que los unos asumirán sus cargos imbuidos de un “espíritu renovador de la justicia”, en tanto que dejarán responsabilidades destacados profesionales que estuvieron en el ejercicio de las leyes, aunque sus designaciones no fueron precisamente por “voto popular”. Al medio hay toda una generación de funcionarios de todo nivel y capacidad que estarán pendientes de su suerte que se jugará en los primeros días de aplicado el “renovador sistema”.
Se trata de algo muy serio, es decir de la renovación justamente de uno de los poderes del Estado que imparte justicia y desde el que saldrán las nuevas disposiciones para ejercer con probidad la responsabilidad de juzgar a los bolivianos, bajo condiciones de equidad y respeto a los derechos ciudadanos, respetando además los fines y objetivos de la democracia que es madre de la justicia y libertad.
Las leyes para su ecuánime aplicación no podrán ser introducidas de manera directa al sistema jurídico nacional, pues los viejos instrumentos por su antigüedad seguirán siendo parte del ejercicio legal de quienes ejercen su uso y aplicabilidad. El cambio de los nuevos instrumentos será paulatino y en esa etapa se pondrá a prueba la capacidad de los magistrados electos por el voto ciudadano para ejercer responsablemente una labor desconocida para la mayoría. Difícil situación para asumirla con aires triunfalistas, entendiendo que se trata de una responsabilidad en la que se juega el destino de mucha gente.
La esperanza de la comunidad es que este cambio sea realmente efectivo, en el sentido de mejorar los procedimientos, reducir al máximo la retardación de justicia, obrar con equidad absoluta de tal forma que lo que se observa en el último tiempo sea nada más que la parte final de un proceso autoritario en el que la política hace escarnio de la justicia.
Se está cumpliendo una parte de un esquema político empeñado en ejercer varios cambios, este que comentamos es singularmente importante pues su aplicación y resultados serán una prueba de las verdaderas intenciones de un cambio para vivir mejor en democracia.
Fuente: LA PATRIA
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