Cada año al filo de la culminación de otra gestión el problema de las entidades públicas está íntimamente relacionado con la ejecución presupuestaria y es cuando salen a relucir las falencias administrativas de los encargados de gastar los recursos asignados para beneficio colectivo, lo que no siempre sucede.
En el caso de la gobernación local se habló de una “ejecución brillante” por encima del 80 por ciento, lo que de ser evidente realmente satisfacería la expectativa ciudadana y tal proceso se observaría en obras para la comunidad lo que en realidad no se siente, ni se ve en la percepción ciudadana y en el criterio de quiénes están más cerca al control de gastos, los asambleístas.
Para considerar este tratamiento de ejecución presupuestaria, hay que recordar que la misma se inicia con una millonaria deuda próxima a los 700 millones de bolivianos, herencia o saldo negativo de la ex Prefectura, lo que de por si coloca a la actual gobernación en una posición desventajosa, pues quiérase o no tendrá que cubrir las obligaciones de aquella desastrosa gestión, lo que significa el uso de los recursos comprometidos para el año presente.
En la medida que avanzó la gestión se fueron conociendo detalles del uso irregular de los fondos públicos, inclusive se habrían recibido obras no concluidas, pero que obligaron al pago de compromisos anteladamente dispuestos, cuando en realidad los proyectos no fueron terminados y en algún caso ni siquiera iniciado.
Si bien se hace gala de una campaña especial de información sobre las obras que son entregadas por el Gobernador, en realidad de lo que se trata en la mayoría de los casos, salvando contadas excepciones, es que se ha dado paso a la culminación de obras de electrificación o de tramos camineros, lo que arrastra obligaciones de la anterior gestión pero que se cargan al presupuesto de la actual gestión, mostrando un interesante movimiento de cuentas, que no es precisamente el que corresponde a proyectos nuevos, sino a obligaciones en “curso de pago”.
La referencia de un asambleísta departamental a propósito de la ejecución presupuestaria, refiere que en el caso del programa de Seguridad Ciudadana se destinaron más de tres millones de bolivianos y se ejecutaron menos de un millón, porcentualmente casi un 30 por ciento de ítem correspondiente, lo que muestra una de las falencias en priorizar inversiones y gastos para mejorar los servicios cabía la comunidad, como el caso concreto de Seguridad Ciudadana.
A propósito de esa observación, surgen otras en torno al mismo caso, por ejemplo las dudas sobre la cantidad de vehículos asignados a la entidad del orden, el estado de las mismas, la recuperación de otras que se “contaban” en la pasada gestión y que no se entregaron a la nueva, incluyendo algunas motos que debían estar siendo utilizadas, así sea para el paseo de control que efectúan algunos efectivos policiales.
No se trata de poner piedras en el camino de administración de la Gobernación pero mínimamente se reclaman cuentas claras y sobre todo un detalle explicativo de la ejecución presupuestaria de la gestión que llega a su fin. Si la misma es tan eficiente como se la muestra, en los hechos deben estar las obras tangibles, lo contrario es confundir a la comunidad orureña.
Fuente: LA PATRIA
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