Por lo menos como se lo presenta en una primera instancia tras una aprobación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados resulta que un proyecto de ley sobre medicamentos y farmacias se convertiría en un abierto contrasentido contra una disposición que hace tiempo regía para el desempeño de las farmacias, que dicho sea de paso eran pocas y parte de un monopolio que se anuló y se abrió con mayores ventajas para la población, incentivando la apertura de más farmacias.
Lógicamente todas, absolutamente todas las farmacias debían cumplir con el requisito de tener como responsable de la atención a un profesional bioquímico o farmacéutico, mejor si además el resto del personal de apoyo también era capacitado en la materia, pero no regía ninguna exigencia para que el propietario del negocio fuese necesariamente un diplomado del sector.
Cualquier ciudadano estaba en condición de invertir en una farmacia, considerada como un buen negocio, partiendo del dicho popular “del que no cae, resbala en una farmacia”. Lo evidente es que con la supresión de algunas restricciones creció el número de farmacias y estos negocios aparecieron en muchos sitios de las ciudades, inclusive en barrios marginales, allí donde antes no existía ni remotamente una farmacia. La ciudadanía se beneficia del sistema, que como cualquier otro adolece de ciertas fallas, por ejemplo en el cumplimiento de los turnos que se asignan a estos negocios para un servicio de tipo permanente por 24 horas y cuya distribución debería ser más amplia.
Pero resulta que ahora se intenta la aprobación de una ley de farmacias que primeramente está dirigida a liquidar las “cadenas de farmacias” exigiendo que “todas las farmacias deben ser de propiedad de profesionales farmacéuticos”, un requisito que alteraría la libertad de libre empresa, pues se entiende que cualquier persona puede invertir en un negocio sin ser necesariamente un profesional de la materia, pero dando cumplimiento a las regulaciones que establecen en el caso de farmacias, la responsabilidad de un profesional para la venta de fármacos, muchos bajo exigencia de una receta médica.
El proyecto tiene grandes contrasentidos, especialmente si se considera que el diputado proyectista es de profesión farmacéutico y tal parece muy preocupado por la competencia que representan las cadenas de farmacias que atienden las 24 horas, inclusive a domicilio y tienen precios competitivos, servicios que las pequeñas farmacias no están en condiciones de brindar a la comunidad.
No podría argumentarse malos servicios en las farmacias si está vigente y deberá continuar la exigencia de que sean farmacéuticos los que regenten tales servicios, aunque tal parece que la cantidad de profesionales que ahora diploman las universidades ha saturado un mercado que más bien necesita de más farmacias, sin importar quien sea el dueño, si cumple los requisitos.
El proyecto de ley aprobado en una primera instancia es atrabiliario, pues no sólo atenta contra la libertad de inversión, sino que confunde responsabilidades propias de otros sectores, cuando quiere asignar exclusividad de labores a los farmacéuticos, inclusive en temas relativos a impuestos, el control policial, las normas de comercio y hasta los flujos de control del propio Ministerio de Salud.
El proyectista parece que olvidó muchos aspectos que son fáciles de percibir, especialmente si se trata de anular una competencia incómoda, olvidando que sería incongruente exigir que para tener una casa o un edificio se tenga necesariamente que ser ingeniero o para ser empresario deportivo se tenga que ser obligadamente futbolista, mientras en el órgano deliberativo del país, donde debieran estar connotados profesionales de la materia, hay de todo y los resultados obviamente son los que observamos cotidianamente.
Fuente: LA PATRIA
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