Análisis sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia Conclusión

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Algunos altos cargos gubernamentales cuestionaron públicamente la legitimidad de las Organizaciones No Gubernamentales (Cejis) y Movimientos Sociales que expresaban su desacuerdo con políticas y medidas del Gobierno esto atenta contra la libertad de expresión y constitución de las mismas.

Medios de comunicación han expresado en reiteradas oportunidades sentirse presionados e intimidados por algunos altos mandos gubernamentales municipales, departamentales, nacionales y las tendencias políticas partidarios sobre la información emitida.

- EXCESIVO USO DE LA FUERZA POLICÍA- FUERZAS DE SEGURIDAD

Las violaciones de derechos humanos cometidas en el curso de las operaciones de seguridad y en instalaciones policiales y militares siguieron suscitando preocupación.

Represión en Caranavi

Represión Chaparina - Yucumo

La intervención policial del 25 de septiembre contra los marchistas de los pueblos indígenas de tierras bajas que se encontraban acampados cerca de Chaparina - Yucumo fue inhumana, se cometieron violaciones a los derechos del niño, niña y adolescentes, derechos de los ancianos, derechos de las mujeres y hombres, se actuó de manera desproporcional, innecesaria y está en investigación si este operativo fue legal, los abusos cometidos contra las mujeres arrastradas con las manos en la espalda, amordazadas son hechos de tortura el separar a niños de sus padres generando un gran daño psicológico y moral en estos menores, las agresiones físicas en su mayoría en los pies dan cuenta de la intencionalidad de la represión para impedir el derecho a la manifestación pacífica que realizaban los pueblos indígenas del Tipnis.

Torturas, vejámenes, tratos inhumanos y degradantes v muertes en cuarteles

Se difundió un video que mostraba a varios hombres con uniformes militares que sumergían repetidamente en agua a un recluta en Challapata, departamento de Oruro, en 2009. El video reavivó la preocupación por el predominio de la violencia en el seno del Ejército, asimismo en febrero del 2011 perdió la vida por una brutal golpiza el subteniente Grover Poma al interior de la Escuela de Cóndores de Sanandita, escuela de élite militar que aún disputa la competencia judicial.

Caso de Olorio, se dio cuenta de la muerte de esta persona en independencias de la policía, sufriendo tortura por efectivos policiales hasta producirle la muerte, esto se encuentra en proceso judicial en el cual se han identificado a algunos autores policiales.

- POLICÍA

Cuatro policías fueron linchados después de haber estado cautivos a manos de particulares en Saca Saca, cerca de Uncía, en el departamento de Oruro. Se creía que uno de los agentes había sido torturado varios días antes de ser asesinado. Las autoridades indígenas de la comunidad acusaban a la policía de matar a un taxista y de extorsión, y rechazaron la presencia de los fiscales encargados del caso. Al concluir el año se estaba investigando a seis sospechosos caso pendiente de resolución.

Se tiene conocimiento de varios efectivos policiales muertos producto de la inseguridad ciudadana y del creciente nivel de atracos por hechos de narcotráfico y violencia callejera.

- IMPUNIDAD

La comparecencia ante la justicia de responsables de violaciones de derechos humanos cometidas tanto durante regímenes militares anteriores como después del restablecimiento del gobierno democrático siguió sufriendo retrasos, el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada ha concluido con una sentencia irrisoria en relación a (os daños ocasionados en la población.

Los hechos de corrupción por malversación dolosa de fondos del Estado en gobernaciones, municipios y otros también se constituyen se encuentran hasta la fecha en la impunidad, para nómbralos como ejemplo (Mario Cossío, Manfred Reyes).

Los fiscales que trataron de acceder a archivos militares en sus investigaciones sobre las desapariciones forzadas de 1980-1981 afrontaron continuos obstáculos, pese a que la Corte Suprema dicto en abril dos órdenes para que se desclasificaran los archivos.

La aplicación de la Ley 2640 para la reparación a las víctimas de violencia política en periodos de dictadura tiene un retraso de más de 6 años varios hombres y mujeres han sido re victimizados y a la fecha los que fueron calificados aún esperan el resarcimiento, sólo 1.200 de las 6.000 víctimas de violaciones de derechos humanos han sido calificados para el resarcimiento, situación que se condena por haber generado expectativa en esta población.

La Corte Interamericana falló que Bolivia no había asumido su responsabilidad de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la desaparición forzada del activista José Luis Ibsen Peña y de su hijo, Rainer Ibsen Cárdenas, ocurridas entre 1971 y 1973 asimismo el caso de Ñancahuazú que data del año 70 no tiene respuesta efectiva hasta la fecha.

Oruro, 10 de diciembre de 2011

COMITÉ EJECUTIVO DEPARTAMENTAL DE ORURO