La convocatoria emitida para la Cumbre Social del Movimiento Al Socialismo (MAS) será un encuentro plurinacional que “no atenderá demandas sectoriales, no servirá para la sumatoria y sistematización de demandas, porque busca profundizar el norte, el horizonte del proceso de cambio” que impulsa el Gobierno desde el 2005 cuando el presidente Evo Morales asumió el mando de la Nación sin tener claros sus ideales político-partidistas.
La posición es absolutamente clara para el encuentro de los movimientos sociales que están bajo el control del gubernamental MAS y la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) independientemente de la protesta o rechazo del Primer Mandatario cuando critica la “otra cumbre” convocada por la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y la Central Obrera Boliviana (COB) entidades que invitan a debatir sobre el futuro del país, la situación económica y social de los bolivianos, como mejores salarios y mayor productividad.
Esos temas le incomodan al presidente Evo Morales, quien prefiere mantener el centralismo partidario antes que debatir lo que realmente quiere el pueblo y apunta conseguir que la “Cumbre Social” apruebe su nueva agenda política, social, económica y productiva, que a decir de varios sectores populares, más bien busca un aval para ejecutar el proyecto de construcción de la carretera Cochabamba-Trinidad por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) o la dictación de un posible “gasolinazo” para mantener el control en la economía.
Buscando “profundizar el norte del horizonte del proceso de cambio”, ante diversas demandas que presentaron representantes de las organizaciones sociales, el Gobierno a través de sus autoridades hizo conocer que esos pedidos tienen una visión distinta al evento, por lo que simplemente no pueden ser tomados en cuenta, como el análisis de la situación del narcotráfico en Bolivia y el avance de la corrupción que se denuncia cada día y donde están involucrados militantes y servidores del MAS.
Así nuevamente brota la crítica del presidente Evo Morales contra las organizaciones campesinas e indígenas, para descalificar su accionar, cuando indica que “conoce algunos documentos que vienen de ONG’s como Usaid que persiguen otros fines para influenciar a los dirigentes”, pretendiendo restar legitimidad a esa cumbre donde los movimientos sociales más importantes del país piensan debatir para fijar una agenda de desarrollo nacional que en definitiva deberá ejecutar la administración masista.
En criterio de la mayoría de la población que contribuye al sostenimiento de la economía nacional y el pago de sueldos a los funcionarios del Estado Plurinacional con sus impuestos, la cumbre es un nuevo saludo a la bandera, porque el interés del Gobierno es lograr la aprobación de su agenda sectorial, para tener “el mandato del pueblo”, hecho que podría más bien provocar un rechazo por la decisión de no asistir de muchos sectores entre ellos la Cidob y la COB.
Así la cumbre del MAS aunque se quiere mostrar como una cumbre nacional, resulta ser discriminatoria por la invitación selectiva y no plural, porque participarán solamente los socios del Conalcam y no los movimientos sociales y populares que demandan mayor atención del Gobierno y la implementación de una política productiva de desarrollo, lejos de la ejecución de obras sociales que se realizan para buscar la popularidad del Presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional.
En la cumbre, si realmente es un espacio de análisis, reflexión, evaluación y planificación, deberían primero conocer los resultados alcanzados por la actual administración nacional, para saber que hay autoridades del MAS que no cubren mínimamente con la inversión prevista, no ejecutan obras y menos tienen proyectos de desarrollo que garanticen un crecimiento sostenido de las regiones.
El caso de Oruro es patético, para la gestión 2012 se anuncia un déficit por más de 200 millones de bolivianos en el presupuesto de la Gobernación que soportó mayor “hueco financiero” este año por la mala administración del ex prefecto Luis Alberto Aguilar, hecho denunciado por el gobernador Santos Javier Tito, sin que nadie sancione a la ex autoridad por la adjudicación irregular de obras, firma ilegal de contratos y pagos ilegales, quedando todo protegido con un hermetismo tal que convierte en cómplices a quienes ahora encumbren esas acciones por cuidar la imagen del MAS.
La cumbre social del MAS debería ocuparse de revisar estos hechos, analizar el comportamiento de sus militantes y ver si las autoridades cumplen a cabalidad el mandato encomendado por el Presidente del Estado Plurinacional, para emitir cuestionamientos, sancionar y hasta destituir de manera pública a los corruptos, muchos que gozan de protección y contra quienes incluso los movimientos sociales presentaron denuncias, sin recibir ninguna respuesta efectiva a cambio.
Los resultados de la cumbre social, no legitimarán a la administración gubernamental, porque los problemas seguirán latentes y la población está consciente que cada vez son menos los sectores privilegiados por el Gobierno, cuando la mayoría sigue reclamando por el cambio que permita diversificar la producción para mejorar la economía, a partir de la generación de fuentes de empleo que podrá darse sólo con la industrialización del país con inversión privada nacional y extranjera que garantice la exportación de productos terminados y no sólo materia prima como los minerales y el petróleo que ahora realiza Bolivia, en desmedro de su economía por no tener un plan de desarrollo productivo ni una política minero-metalúrgica, con serias falencias en el sector petrolero.
Ojalá esto cambie y la próxima cumbre sea participativa, plural y donde no se busque atacar sólo a los sectores que reclaman por una adecuada administración del Estado, lejos de la intimidación y las “reglas de juego” que se pretenden imponer a la prensa y los medios de comunicación, en vez de definir una Agenda Nacional de Desarrollo, hecho que pone al descubierto que no hay nada escrito para ejecutar hasta el 2014.
(*) Periodista
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