Análisis sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Oruro una organización de la Sociedad Civil defensora de los derechos humanos, con 35 años de servicio al pueblo bolivianos, está compuesto por militantes voluntarias y voluntarios y por constitución no tiene una posición política partidaria ni ninguna otra afiliación, forma parte de la Federación Interamericana de Derechos.

Nuestro trabajo se basa en la doctrina de los Derechos Humanos, como el proyecto más noble de dignificación del ser humano y su entorno. En ese marco se presenta el siguiente informe sobre los avances y preocupaciones sobre el estado de situación de los Derechos Humanos en Bolivia.

En una fecha tan importante como esta y después de un análisis de la coyuntura social y política de nuestro País llegamos a las siguientes conclusiones.

AVANCES

1. Valoramos los esfuerzos gubernamentales realizados para destinar recursos económicos que favorecen a sectores vulnerables mediante bonos para niños, la mujer embarazada y los ancianos.

3. La aprobación de la Ley contra el racismo y la discriminación ha favorecido notablemente la relaciones humanas, disminuyéndose significativamente el maltrato, las agresiones verbales y psicológicas entre la población y a todo nivel, se reconoce un avance también en la reglamentación y la conformación del Comité Nacional de Lucha contra la Discriminación y Racismo.

4. Valoramos los esfuerzos por la elaboración del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, la aprobación de algunas políticas públicas como por ejemplos: el derecho al acceso al agua, seguridad alimentaría entre otras.

5. A partir del contenido nuevo que tiene la CPE el conjunto de normas que le acompaña se encuentra en proceso de construcción con poco interés de participación de la sociedad civil y falta de estrategias de los legisladores para socializar con la población.

PREOCUPACIONES

- ACCESO A LA JUSTICIA

Sistema de Justicia, actualmente genera preocupación por los siguientes aspectos; la retardación de justicia, el alto nivel de personas detenidas preventivamente en algunos centros penitenciarios de 10 personas sólo 2 ó 3 personas tienen sentencia ejecutoriada, hacinamiento en los centros carcelarios en algunos casos tres veces que su capacidad, las condiciones de hombres y mujeres son infrahumanas, el pre diario, la situación de los niños y niñas hijas e hijas de privados de libertad es desolador. No se logra avanzar en la humanización con este sector de parte del Gobierno, la sociedad y en general.

Existe preocupación en torno a la independencia del Poder Judicial, más por la falta de probidad del operador de justicia que por la influencia o presión que pueda ejercer el Estado o la sociedad.

La violencia intrafamiliar aún se encuentra entre los índices más altos de la violación de los derechos de las mujeres, por re victimización, el abandono y la ausencia de políticas de tratamiento de las secuelas de este flagelo.

Los altos índices de criminalidad, principalmente en las calles de las ciudades capitales, provincias intermedias y hasta en el área dispersa nos demuestra que la inseguridad ciudadana ha cobrado vidas humanas principalmente de la juventud y al no haber respuesta efectiva de las instancias encargadas en algunos casos se ha producido justicia de las victimas por mano propia, inclusive utilizando armas de fuego por la facilidad en el acceso a la compra de los mismos generándose así más violencia y temor en la población.

La política económica continúa respondiendo al sistema capitalista porque seguimos siendo exportadores de materia prima, la población pide mediante manifestaciones públicas que se aborde la industrialización y otros emprendimientos productivos, esto tiene un efecto de estancamiento en la generación de empleos de calidad y estabilidad por cuanto se mantiene la economía informal que explota inhumanamente al ser humano.

- DERECHO A LA CONSULTA

Se avanzó significativamente en todo el marco normativo de Derechos Humanos desde la CPE, Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, leyes y algunas políticas públicas, sin embargo; estas faltan complementarse mediante los reglamentos y voluntad política en el Ejecutivo y la misma población para su efectiva aplicación.

Si bien en la CPE se tiene entre otras formas de participación democrática, la consulta previa e iniciativa ciudadana, estas no se pueden todavía ser aplicadas en razón de la falta de su respectivo reglamento, lo que hizo por ejemplo; en el caso del Tipnis que no se pueda aplicar, la consulta previa, visibilizado en la marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas encabezado por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia.

Un aspecto que ha impactado en los sectores de limitados recursos ha sido la supresión de subsidios a la gasolina el mes de diciembre 2010, esta medida ha favorecido a grupos de poder económico en contra de los empobrecidos por la drástica subida de precios, en una escalada irreversible pese a la derogatoria de la ley además de la incapacidad desde el Gobierno de regular y controlar los precios originales.

Los ambiciosos plazos fijados para promulgar nuevas leyes y la falta de socialización oportuna y amplia dificultaron una consulta significativa sobre reformas de gran alcance como la Ley de Trata y Tráfico de Personas entre otras, que se desconocen.

Los jueces interinos del Tribunal Constitucional recibieron instrucciones de ocuparse exclusivamente de los casos atrasados iniciados antes de febrero de 2009. Como consecuencia, el Tribunal no pudo ejercer el control constitucional de las nuevas leyes, surgieron dudas sobre la compatibilidad entre las normas internacionales de derechos humanos y ciertos aspectos de las nuevas leyes, como el efecto retroactivo de la ley anticorrupción, las duras penas previstas en la Ley Antirracismo y, en la Ley del Órgano Judicial, el papel del Defensor del Litigante, que ejercía una función de supervisión al mismo tiempo que dependía del Poder Ejecutivo.

- LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Algunos altos cargos gubernamentales cuestionaron públicamente la legitimidad de las Organizaciones No Gubernamentales (Cejis) y Movimientos Sociales que expresaban su desacuerdo con políticas y medidas del Gobierno esto atenta contra la libertad de expresión y constitución de las mismas.

Medios de comunicación han expresado en reiteradas oportunidades sentirse presionados e intimidados por algunos altos mandos gubernamentales municipales, departamentales, nacionales y las tendencias políticas partidarios sobre la información emitida.

- EXCESIVO USO DE LA FUERZA POLICÍA- FUERZAS DE SEGURIDAD

Las violaciones de derechos humanos cometidas en el curso de las operaciones de seguridad y en instalaciones policiales y militares siguieron suscitando preocupación.

Represión en Caranavi

Se realizó el uso de la fuerza desproporcionada y excesiva, con aprehensiones indiscriminadas y el trato inhumano y degradante durante la detención, hasta la fecha continúan las investigaciones sobre el caso en el que dos hombres jóvenes murieron por heridas de bala y al menos 30 personas resultaron heridas cuando la policía intentaba dispersar a unos manifestantes que habían cortado la carretera en la provincia de Caranavi.

Represión Chaparina Yucumo

La intervención policial del 25 de septiembre contra los marchistas de los pueblos indígenas de tierras bajas que se encontraban acampados cerca de Chaparina -Yucumo fue inhumana, se cometieron violaciones a los derechos del niño, niña y adolescentes, derechos de los ancianos, derechos de las mujeres y hombres, se actuó de manera desproporcional, innecesaria y está en investigación si este operativo fue legal, los abusos cometidos contra las mujeres arrastradas con las manos en la espalda, amordazadas son hechos de tortura el separar a niños de sus padres generando un gran daño psicológico y moral en estos menores, las agresiones físicas en su mayoría en los pies dan cuenta de la intencionalidad de la represión para impedir el derecho a la manifestación pacífica que realizaban los pueblos indígenas del Tipnis.

Torturas, vejámenes, tratos inhumanos y degradantes v muertes en cuarteles

Se difundió un video que mostraba a varios hombres con uniformes militares que sumergían repetidamente en agua a un recluta en Challapata, departamento de Oruro, en 2009. El video reavivó la preocupación por el predominio de la violencia en el seno del Ejército, asimismo en febrero del 2011 perdió la vida por una brutal golpiza el subteniente Grover Poma al interior de la Escuela de Cóndores de Sanandita, escuela de élite militar que aún disputa la competencia judicial.

Caso de Olorio, se dio cuenta de la muerte de esta persona en independencias de la policía, sufriendo tortura por efectivos policiales hasta producirle la muerte, esto se encuentra en proceso judicial en el cual se han identificado a algunos autores policiales.

- POLICÍA

Cuatro policías fueron linchados después de haber estado cautivos a manos de particulares en Saca Saca, cerca de Uncía, en el departamento de Oruro. Se creía que uno de los agentes había sido torturado varios días antes de ser asesinado. Las autoridades indígenas de la comunidad acusaban a la policía de matar a un taxista y de extorsión, y rechazaron la presencia de los fiscales encargados del caso. Al concluir el año se estaba investigando a seis sospechosos caso pendiente de resolución.

Se tiene conocimiento de varios efectivos policiales muertos producto de la inseguridad ciudadana y del creciente nivel de atracos por hechos de narcotráfico y violencia callejera.

- IMPUNIDAD

La comparecencia ante la justicia de responsables de violaciones de derechos humanos cometidas tanto durante regímenes militares anteriores como después del restablecimiento del gobierno democrático siguió sufriendo retrasos, el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada ha concluido con una sentencia irrisoria en relación a (os daños ocasionados en la población.

Los hechos de corrupción por malversación dolosa de fondos del Estado en gobernaciones, municipios y otros también se constituyen se encuentran hasta la fecha en la impunidad, para nómbralos como ejemplo (Mario Cossío, Manfred Reyes).

Los fiscales que trataron de acceder a archivos militares en sus investigaciones sobre las desapariciones forzadas de 1980-1981 afrontaron continuos obstáculos, pese a que la Corte Suprema dicto en abril dos órdenes para que se desclasificaran los archivos.

La aplicación de la Ley 2640 para la reparación a las víctimas de violencia política en periodos de dictadura tiene un retraso de más de 6 años varios hombres y mujeres han sido re victimizados y a la fecha los que fueron calificados aún esperan el resarcimiento, sólo 1.200 de las 6.000 víctimas de violaciones de derechos humanos han sido calificados para el resarcimiento, situación que se condena por haber generado expectativa en esta población.

La Corte Interamericana falló que Bolivia no había asumido su responsabilidad de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la desaparición forzada del activista José Luis Ibsen Peña y de su hijo, Rainer Ibsen Cárdenas, ocurridas entre 1971 y 1973 asimismo el caso de Ñancahuazú que data del año 70 no tiene respuesta efectiva hasta la fecha.

Oruro, 10 de diciembre de 2011

COMITÉ EJECUTIVO DEPARTAMENTAL DE ORURO