Es una reacción natural de cualquier persona, y en este caso del Gobierno, el de no aceptar sus errores. Cualquier alusión a esos desaciertos, provoca un rechazo y hasta enojo, porque nadie quiere escuchar de sus yerros, sus metidas de pata y sus actitudes cargadas de soberbia.
Eso de “meterle nomás”, conlleva serias consecuencias, no sólo en el manejo del aparato del Estado, sino en la popularidad del partido de Gobierno que en los últimos meses ha tenido una ostensible baja. Y esto ya empieza a preocupar seriamente al oficialismo, más aún luego de los resultados de la última elección del Órgano Judicial, donde los votos blancos y nulos superan a los válidos, deslegitimizando a los nuevos magistrados.
El Gobierno tiene razón de protestar, cuando la prensa, apegándose a la verdad, destaca que la elección de los candidatos al Órgano Judicial no fue democrática, sino fruto de consignas nacidas en el Órgano Ejecutivo; es decir, presentaron nombres de candidatos elegidos por el MAS, para que el ciudadano acuda a las urnas sólo a avalar eligiendo a los elegidos.
El Gobierno tiene razón de molestarse, porque la brutal intervención a la marcha del Tipnis, se convirtió en una noticia cierta y objetivamente cruel que dio vuelta el mundo. Hubiera preferido que quede en el olvido como sucedió en La Calancha; así, no tendría que dar explicaciones a nadie, y menos buscar culpables que se conviertan en chivos expiatorios.
El Gobierno tiene razón de elevar el grito al cielo, porque la prensa destacó, con la verdad en la mano en sus titulares, que el alza de carburantes el diciembre del pasado año, era un duro golpe a la economía de las familias bolivianas; hubiera preferido que la medida pase desapercibida, por lo menos en una primera instancia, evitando que se obligue al Gobierno revisar y anular la medida. Un silencio mediático hubiera sido de la preferencia oficialista.
El Gobierno tiene razón de protestar, porque la prensa destaca, una verdad, la ola de movilizaciones y bloqueos contra el Gobierno, desde los minusválidos, moto taxistas, los transportistas, los comerciantes de ropa usada, los indígenas y otros sectores. Con eso la imagen gubernamental se empaña día que pasa.
El Gobierno tiene razón, al no estar de acuerdo con que la prensa destaque la crisis energética que está provocando serios problemas, desde la industria hasta los ciudadanos que se ven perjudicados con largos y permanentes cortes de energía eléctrica. Hubiera preferido que la noticia se apague como sus foquitos ahorradores que, dicho sea de paso, no sirvieron para evitar la crisis energética que ya vive el país-
Ahora, el oficialismo convoca a una cumbre a los movimientos sociales para tratar, entre otras cosas, el “regular” al actividad de la prensa (como en Venezuela) para evitar que los errores del Gobierno se amplifiquen a través de la prensa. Una cumbre entre masistas que pretende suplantar la labor del Órgano Legislativo, conformado por parlamentarios electos, y arremeter contra la libertad de expresión.
Estoy seguro que si el Gobierno hubiera planteado una política coherente, sin exclusiones y cumpliendo la agenda de octubre, la prensa lo hubiera destacado, como fruto de la realidad, todos los problemas que lo abruman. El pretender “regular” la actividad de los Medios, por mandato de algunos movimientos sociales que se reunirán para avalar y aplaudir lo (mal) hecho por el Gobierno, no tiene sentido. Es mentirse a sí mismos.
La desesperada acción del Gobierno para contrarrestar los desaciertos que publica éticamente la prensa, que sólo refleja una realidad, es otorgar nada menos que nueve millones de dólares al Canal que siendo del Estado, está sólo al servicio del oficialismo.
Le resulta caro utilizar un Medio que tendría que estar al servicio de todos los bolivianos, para que calle, tergiverse y manipule la información en beneficio del gobierno del MAS.
El Gobierno tiene razón de molestarse con la prensa independiente que sólo publica lo que sucede en el país. Esa molestia viene a ser una confirmación que lo que se dice en la prensa es una verdad. En lo que no tiene razón es en tratar de “regular” a la prensa y menos en utilizar fondos del Tesoro General del Estado, para que se manipule la información a favor del oficialismo en una suerte de aparato de propaganda pro masista.
Por lo menos…esa es mi opinión.
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