Ministerio Público no tienen atribución sobre conflicto limítrofe Oruro-Potosí
07 dic 2011
Fuente: LA PATRIA
Sin embargo, los fiscales coadyuvarán para que las partes en disputa y las instancias mediadoras ingresen en un espacio de diálogo
• Se desconoce cualquier tipo de denuncia de hechos violentos, respecto a esta disputa, que habrían sido remitidos por el Ministerio de Autonomías, de acuerdo a las declaraciones de su titular
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El Ministerio Público no tiene competencia para poder solucionar el conflicto limítrofe Coroma (Potosí) - Quillacas (Oruro), existen instancias gubernamentales y otras con competencia legal al respecto, sostuvo el director de Gestión, Carlos Reynolds Ance, ayer en Challapata, sin embargo adelantó que al margen de sus atribuciones realizará una labor para buscar los mecanismos que permitan a las partes en conflicto a transitar por un camino de diálogo en pacífica convivencia.
La inspección que se debía realizar ayer, a la población potosina de Coroma, en referencia a los conflictos limítrofes entre Oruro y Potosí, quedó simplemente en una intención, que se tradujo finalmente en una reunión entre miembros del Ministerio Público, pues en realidad las autoridades potosinas y el jefe provincial de la Policía Departamental en Challapata, Mayor Iván Luizaga, manifestaron que la acción no era oportuna, debido al ánimo exacerbado de la población.
Participaron en esta reunión, que emitió importantes conclusiones referidas al campo de acción del Ministerio Público, el fiscal del Distrito de Potosí, Sandro Fuertes Miranda (quien de forma irrespetuosa se resistió a brindar información al respecto, inclusive su identificación y cargo que desempeña); los fiscales de Materia, María Luz Flores Mollinedo y Juan Daniel Quiñones Campos; en tanto que por Oruro, estuvo presente el fiscal del Distrito, Gonzalo Martínez Guzmán y el fiscal de Materia de Challapata, Willy Gómez Quiroz; además del director de Gestión de la Fiscalía General del Estado, Juan Carlos Reynolds Ance, procedente de Sucre.
El trabajo se centró en ambientes de la Fiscalía de Challapata, municipio de donde se debía viajar hacia Coroma. Los operadores de justicia de ambos departamentos y de la Fiscalía General del Estado abordaron algunas aristas de este conflicto, calificándolo como muy delicado, porque los lazos entre poblaciones orureñas y potosinas trascienden más allá de las relaciones meramente económicas, de hecho se evidencia que varios pobladores orureños se casaron con potosinas y viceversa.
“El Ministerio Público no tiene competencia para solucionar el conflicto, estamos amarrados de pies y manos, lo que haremos es madurar la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía y la sociedad organizada que tiene sus propias dirigencias”, explicó Reynolds.
Añadió que el Ministerio de Justicia les remitió denuncias del incumplimiento de las actas de pacificación, desconociendo en realidad cuales son las verdaderas funciones de la Fiscalía General del Estado (asimismo desconoció la remisión de denuncias en relación a la quema de chozas, actos violentos o pobladores identificados en estas situaciones, por el Ministerio de Autonomías, como indicó su titular, Claudia Peña).
“Las han mandado, talvez equivocadamente, en el entendido que el Ministerio Público tuviera tuición para resolver aquello, esta situación la entendimos como que nosotros deberíamos ser conciliadores, al igual que el Defensor del Pueblo o el Ministerio de Justicia, sin embargo lo que el Ministerio Público hace es perseguir de forma penal al delincuente que cometió un delito en detrimento de una o más víctimas, no existe nada al respecto”, afirmó.
El fiscal del Distrito de Oruro, Gonzalo Martínez Guzmán ahondó en las funciones del Ministerio Público, que en ningún caso puede solucionar el diferendo limítrofe, pero manifestó que por su compromiso con la sociedad se acoplarán a que las partes en conflicto ingresen en un escenario de diálogo, además de desarrollar la prevención de cualquier acción violenta, actuando en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad, de acuerdo al mandato constitucional.
“Hasta el momento no hemos recibido denuncias de hechos violentos, caso contrario el Ministerio Público ya habría actuado inmediatamente”, recalcó Martínez.
A la conclusión de esta reunión se realizó un acta en la que se consignó todos los puntos abordados, previendo otros encuentros para evaluar las acciones que serán emprendidas.
BLOQUEO
Debido al contundente bloqueo que se realizó a un kilómetro de la tranca, antes de llegar al municipio de Challapata, por pobladores de la provincia Eduardo Avaroa, en relación al conflicto limítrofe con la provincia Sebastián Pagador, las delegaciones del Ministerio Público tuvieron que realizar una serie de “peripecias” por caminos de herradura, con la finalidad de llegar a sus destinos.
Fuente: LA PATRIA
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