Según la apreciación del segundo mandatario del país, “las empresas del Estado no tienen la función de generar empleos sino recursos” y en esa lógica tal parece imprudente exigir mayor rendimiento a esas empresas que se han hecho para mejorar las condiciones de vida de los bolivianos a través de una producción que reditúe beneficios que puedan ser distribuidos, por lo menos entre quienes más lo necesitan.
Si se habla de quienes más apoyo necesitan son precisamente los desocupados y si un buen porcentaje de esa gente está imposibilitada de acceder a empleos dignos creados por el Gobierno entonces la alternativa es simple, es decir… esperar que las cosas caigan de arriba, no se sabe cómo ni en qué proporción por su sentido paternalista, pero que a la hora de suplir la falta de empleos puede significar un cómodo paliativo que anule iniciativas.
En la perspectiva de establecer un manejo de sólida administración de las empresas estatales no siempre puede funcionar de manera operativa y práctica esa posición de buscar sólo utilidades, descuidando la parte social que significa disminuir la gigante brecha que ocasiona el desempleo. Claro está lo que importa es que cualquier empresa tenga exactamente el número de empleados que se necesita para su funcionamiento, ni uno más, pero tampoco menos porque en ese caso se podrían afectar los planes de un determinado rendimiento productivo.
Son figuras interesantes que se producen sólo en el nivel estatal y que en la práctica nos muestran abiertas contradicciones de las supuestas líneas maestras que quiere imponer el propio Gobierno. Por ejemplo la situación de algunas de las empresas estatales cuyo rendimiento es muy restringido y por tanto no pueden darse el lujo de tener más empleos, así sean fieles subordinados al sistema, mientras que en otros casos y entre estos como la muestra más clara la cantidad de trabajadores mineros en Huanuni, donde se vio que con la mitad de obreros se puede lograr la misma producción de los concentrados que se obtienen con una planilla socialmente excesiva.
Ahora bien, es prudente que se mantenga esa línea de cuidado en la administración de los recursos humanos que dependan de las empresas del Estado de modo tal que esos emprendimientos productivos no se conviertan en enormes “vacas lecheras” que alimenten a muchos trabajadores, mientras la producción no compense ni siquiera para garantizar el sustento de la explotada vaquilla, como sucedió en un largo periodo con la estatal Comibol.
Lo que se quiere es que las empresas del Estado sean efectivamente productivas, que su administración no mezcle la política con la responsabilidad de rendimiento de un determinado personal, garantizando de ese modo que los beneficios que se obtengan sean tangibles y se traduzcan en obras sociales, como infraestructura educativa y de salud, servicios básicos en las urbanizaciones vecinales, campos deportivos y áreas verdes, lo que significará efectivamente que las empresas estatales con la cantidad suficiente de empleos sean eficientes y puedan crecer dinámicamente para absorber paulatinamente mayor cantidad de empleos, sin ser reductos de concentración política que generalmente distorsionan capacidad y calidad de servicios.
Un detalle que faltaría para armonizar el buen funcionamiento de las empresas del Estado es que no se pierda el acercamiento y la estrategia de encarar planes de competitividad con el sector privado como una forma de practicar un desarrollo equilibrado y altamente productivo.
Fuente: LA PATRIA
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