El controversial debate de la defensa del territorio debería ser el primer tema de discusión en la agenda del Gobierno del Estado Plurinacional, para que la administración del presidente Juan Evo Morales busque una salida definitiva y pacífica a todos los conflictos por límites interdepartamentales que hay en distintas regiones del país.
Esta discusión empero no debe ser sólo para ver quién tiene la razón, sino recuperar el sentido de Nación para la plena y total convivencia entre bolivianos y bolivianas en cada una de las regiones y de todos los departamentos del país. Lo contrario significará que se alientan nuevos conflictos por provincias, secciones o cantones, resultado de la genialidad de anteriores legisladores que impulsaron la creación desmedida de provincias, siendo así que Oruro nació con tres, Oruro, Paria y Carangas y a la fecha tiene 16, llegando al extremo que cuatro provincias, ni siquiera alcanzan una mínima población.
Similar situación ocurrió con el departamento de Potosí, creado con cinco provincias, Potosí, Chayanta, Porco, Chichas y Lípez, contando ahora con 16 provincias luego de la desmembración de su territorio, al igual que Oruro, por obra y acción de sus representantes nacionales, sin ver la realidad ni sus necesidades, todo al calor político. Eso ocurrió de manera curiosa sólo en el Occidente, mientras que en el Oriente del país preservaron su territorio.
A esto se suma el mal llamado rescate de la identidad nacional, cuando se nos quiere hacer creer que dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal, con una nueva Nación, producto de la construcción colectiva de un Estado Unitario de Derecho Plurinacional Comunitario, para conformar una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.
Esa “nueva forma de país”, ya ha sido puesta a prueba y se advierte que es un modelo que no respeta los derechos que pregona y si no, habrá que preguntarnos qué ocurrió en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) cuando los indígenas reclamaron sus derechos en un Estado Unitario de Derecho Plurinacional Comunitario. Todos conocemos y con seguridad hemos criticado, la actitud del Gobierno que maltrató a los humildes pobladores de la reserva indígena, sin dejarles decidir hasta ahora como será su vida comunitaria. Sobran otros antecedentes conocidos y difundidos ampliamente.
Así se lastima nuestra nacionalidad queriendo aplicar nuevas interpretaciones para el Estado Plurinacional que incluso se vuelve Plurirracional, por actitud de los gobernantes y legisladores que han olvidado o no saben qué Estado es el espacio territorial donde asienta una sociedad políticamente organizada, bajo una autoridad común legalmente constituida que aplica una normativa jurídica para administrar tres componentes que son: Territorio, Población y Estructura de Poder, y que representan las partes: geográfica, humana y política de su conformación. Dicho de otra forma Bolivia tiene que ser un Estado democrático en el que los poderes públicos íntegramente se someten a las leyes y donde se reconozcan las garantías constitucionales de su población, sino toda acción contraria resulta ser autoritaria y constituye usufructuó del poder.
En ese sentido la Constitución Política del Estado Plurinacional en su artículo 2 señala que “dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”.
Esta “consolidación de las entidades territoriales” genera discrepancias, porque ahora cada quien busca tener “mejor territorio para aprovechar sus tierras”, porque el Gobierno no hace nada por mejorar la calidad de vida de los campesinos, los que están más alejados de los centros urbanos y una clara evidencia de ello está manifiesta en la difícil situación de los integrantes de la Nación Originaria Uru, quienes vencieron al incario y la Colonia para defender su raza, cultura, tradiciones, lengua y hasta su identidad, sin que empero el Gobierno nacional reconozca ese esfuerzo y sacrificio de los primeros pobladores del altiplano boliviano y de nuestro continente.
La única Nación Originaria legalmente reconocida en Bolivia es la Uru, con sus tres grupos étnicos asentados a las márgenes del salar de Coipasa en Chipaya, los Urus Muratos, ya casi en extinción, que viven buscando medios subsistencia en comunidades asentadas a las márgenes del lago Poopó, ambos en Oruro, y los Urus Iruhitos que están poblando territorio paceño a las márgenes del río Desaguadero y el Lago Titicaca, donde están confinados.
Para subsistir los Uru Chipayas, migran cada 90 días al Norte de Chile donde se desempeñan como expertos agricultores, para producir y cubrir la demanda de frutas, hortalizas, legumbres y hasta flores para la población del vecino país, siendo una ironía que ellos no tengan sistemas de distribución de agua para riego, pese a vivir en medio de los ríos Unión Barras y Lauca, este último de curso internacional, por lo que el modelo del nuevo Estado no se cumple. Ojalá algún día se piense más en la población antes que la política y el dominio del poder total que buscan quienes llegaron a conducir nuestro país, cometiendo más errores que aciertos y causando más perjuicios que beneficios a quienes realmente requieren de ayuda urgente. Para muestra basta un botón -según el adagio popular- habrá que acordarnos de lo ocurrido en el Tipnis y cómo sobreviven los Urus Chipayas, Muratos y los Iruhitos, para saber si realmente somos un Estado Plurinacional, donde afirman que hay 35 naciones constituidas y donde a la única legalmente reconocida, la Nación Originaria Uru, no se le brinda ningún apoyo.
(*) Periodista
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