De no mediar circunstancias especiales el próximo fin de semana será de intensa actividad para los ejecutivos del Gobierno y para sus altos dirigentes una vez que sea instalada la “cumbre social” en la ciudad de Cochabamba para el tratamiento de una agenda que posiblemente no pueda ser analizada en toda su magnitud, dados los anuncios previos de algunos sectores que tienen sendos planteamientos para el evento.
Para empezar, aunque eso será fácil de resolver, un pacto de unidad que propugnan los sectores oficialistas quiere comprometer al Gobierno en la necesidad de “afianzar y ampliar el control social” en base a un documento de más de 15 puntos, entre los que se incluye el tratamiento de temas muy sensibles como la libertad de expresión y el rol de los medios de comunicación.
En el marco de un encuentro de características específicas como una cumbre política partidaria, que además es dirigida por el nivel superior del Gobierno, lo menos que se espera es una ratificación de apoyo a la cúpula gobernante, aún así existan algunas controversias por ejemplo en lo que se relaciona con el trabajo y responsabilidades de algunos ministros cuestionados no sólo por sectores de oposición sino también por observadores del movimiento social.
El caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) volverá a la palestra pública pues tendrán que definirse algunas medidas para “limpiar un problema que pese a la aprobación de una Ley Corta que eliminaba la posibilidad de construir una carretera por el medio del territorio indígena considerado como reserva ambiental, hay toda una gran corriente “social” que pedirá al mandatario revisar la medida y encarar el proyecto caminero para unir Cochabamba y el Beni.
Hay también un punto de por sí muy sensible y que puede convertirse en el de mayor relevancia a la hora de entender una definición que podría darse, si los movimientos sociales pidieran al presidente Evo Morales que se levante la subvención a los carburantes, posición que adoptaría el Gobierno “atendiendo el pedido de los representantes populares”. Un asunto sumamente delicado, aunque su inclusión en la agenda de la cumbre aún no ha sido aprobada, pero en este tipo de eventos todo puede darse al calor del entusiasmo de los participantes.
De lo que no se dice mucho y que una buena parte de la población que no está precisamente entre los movimientos sociales espera es que en la misma cumbre se asuman responsablemente los roles que le corresponde cumplir al Estado para encarar el desarrollo sostenible del país, priorizando el trabajo del equipo ministerial par definir políticas pragmáticas que muevan los sistemas productivos, impulsen los proyectos industriales, especialmente los que están en un periodo de prolongada prueba como el hierro y el litio dos fuentes que generarán miles de divisas para consolidar el poder económico nacional.
La población boliviana en su conjunto está expectante de lo que pueda tratarse real y efectivamente en la Cumbre del MAS dadas las alternativas de que los asuntos allí tratados y aprobados, como se dice políticamente, podrían tener carácter vinculante y eso significa que de cualquier modo se cumplirán aún así no sean el resultado de un consenso nacional sino de una decisión grupal afín a la estructura partidaria gobernante.
Algo que debería tratarse también en el evento político que se avecina es la elaboración de reglamentos a varias leyes para que se conviertan en instrumentos de servicio y utilidad pública. Algo de beneficio tendrá que salir de la cumbre social.
Fuente: LA PATRIA
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