Me referiré a un tema que al ser recurrente, debe ser de permanente comentario, hasta que el Gobierno se dé cuenta que ignorarlo, traerá consecuencias nefastas para la economía nacional; ese tema es el del contrabando, uno de los males que afecta directamente al bolsillo del ciudadano común, especialmente con la salida de artículos básicos de la canasta familiar, como el azúcar, el gas licuado doméstico, artículos que se venden en los países vecinos a precios atractivos, para ellos, por la diferencia en el costo de mismos artículos comercializados fuera de nuestras fronteras. Por supuesto que también afecta a la economía nacional de manera directa y dramática.
No existe, o no quieren implantar una política seria para evitar ese delito, que más pareciera que es socapado y hasta apoyado por los organismos gubernamentales responsables de evitarlo; todo queda en anuncios gubernamentales de sanciones a los infractores y los incentivos a los que denuncien estos hechos de corrupción.
La gasolina y el diesel, el Estado los compra a precios elevados y los vende a precios subvencionados, dando lugar a que estos sean sacados vía contrabando, por lo atractivo de las ganancias que representa comercializar estos hidrocarburos. A la larga, representará una sangría importante para las arcas del Estado, por los más de 120.000 vehículos que se registraron (ingresados vía contrabando) para nacionalizarlos.
Las señales que ha dado el Gobierno son contradictorias, se emite un decreto que no permitía internar vehículos con más de 5 años de antigüedad, y después saca una Ley de amnistía para legalizar lo ilegal, que es el nacionalizar (término mal utilizado porque el concepto de esta palabra, es recuperar algo para el Estado) todos los vehículos indocumentados, sin importar la antigüedad, que estimaron no ser más de 12.000, excedieron en número con creces, sólo para satisfacer y cumplir compromisos contraídos con sectores de nuevos capitalistas, como cocaleros y “chuteros”, bases sociales del Gobierno.
El Gobierno se rindió aceptando legalizar lo ilegal, mostrando una debilidad impresionante por la incapacidad de controlar el contrabando, sometiéndose a presiones de grupos sociales que doblaron el brazo, con el chantaje de apoyar las acciones del Ejecutivo, a cambio de estas prebendas ilegales que dañan al país y al comercio legalmente establecido.
Esto tendrá consecuencias nefastas en Bolivia, por la contaminación medio ambiental; el aumento del consumo de carburantes subvencionados; por el funcionamiento de estos vehículos con altos índices de contaminación atmosférica; el riesgo de contar con parque automotor obsoleto y riesgoso para la población y por último el congestionamiento vehicular que ya se produce en las principales capitales del país.
Ya es hora de que se tomen medidas estructurales para frenar el contrabando, y que estas no sean solamente incrementando los efectivos de control en las fronteras, que siempre serán insuficientes. La solución está en la nivelación de precios subvencionados paulatinamente, sin que signifique una medida traumática y de alto impacto a la población, especialmente la de escasos recursos económicos. Y para eso se requiere tomar medidas imaginativas, inteligentes y adecuadas. Una de ellas podría ser generar riqueza, industrializando nuestras materias primas; y no venderlas sin que siquiera generen fuentes de trabajo. Lo que no es recurso renovable se terminará cualquier momento; porque ahora, se está escurriendo como agua entre los dedos.
Por lo menos… esa es mi opinión.
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