Está confirmada la realización de una “cumbre social” que se desarrollará los primeros días del mes próximo en Cochabamba y cuya agenda debía tratar con preferencia los delicados problemas que atingen al gobierno, tal el caso del Tipnis y la construcción de una carretera, la situación económica del país y la necesidad de aplicar correctivos en la política productiva, la situación de los movimientos sociales como fuerza política y su posicionamiento en el esquema gubernamental. Por lo menos esa era una agenda inicial.
Sin embargo en las pasadas horas y con inusitado despliegue de opiniones se dice que el MAS ha pedido al Presidente debatir en la “cumbre social” una nueva ley de medios, que en realidad parece que será el tema central del debate que en principio tenía que servir para establecer una autocrítica de la gestión de gobierno hasta el presente.
A ese pedido se sumó el Primer Mandatario sugiriendo además analizar el tema de la libertad de expresión, lo que muestra la verdadera intención de una acción que nuevamente se reabre para buscar modificaciones a la Ley de Imprenta como resultado de un debate sobre la función de los medios que una vez más salta a la palestra, tal parece como respuesta a la acción de medios privados que denunciaron abiertamente lo que ocurrió con los indígenas que defendían sus derechos en una prolongada marcha que pese a todo cumplió su objetivo, llegó a destino y arrancó la solidaridad ciudadana a nivel general.
Otra vez se utiliza el manido argumento de que “algunos medios tergiversan la información e informan con medias verdades” es el pretexto usado con bastante frecuencia por los líderes políticos del Gobierno cuando la tarea periodística profundiza su investigación, afronta peligros para informar en la mayoría de los casos desde el lugar de los hechos con las verdades que se producen y que no dan margen a tergiversaciones.
El asunto pasa de los límites legales cuando inclusive una organización social que cobija a trabajadores campesinos se propone diseñar propuestas para regular a los medios…es posible, todo es posible, sin embargo lo evidente es que tales intenciones vulneran las disposiciones legales y que al ejecutarse convertiría a los movimientos sociales en legisladores y fiscalizadores directos de la libre expresión, la libre prensa y el respeto a los derechos humanos.
No hay que olvidar que la Constitución Política del Estado establece el pleno respeto a la libertad de prensa y de expresión, derecho protegido además por diversos tratados de Derechos Humanos, a los cuales la propia Constitución los reconoce por ser parte de las garantías ciudadanas.
Los periodistas libres, sin presiones, ni compromisos subalternos han denunciado varios atentados a la libertad de expresión en Bolivia y que de manera muy “particular” han sido aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el caso de la Ley Electoral, la lucha contra el racismo o la Ley de telecomunicaciones, lo que muestra una faceta sumamente caótica a la hora de querer defender los derechos ciudadanos. Bajo estas últimas apreciaciones las organizaciones nacionales de la Prensa han reaccionado frente a una nueva intención de controlar a los medios y a los periodistas, señalando que “el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, están regulados por la Ley de Imprenta de 1925, que a su vez está reconocida y garantizada por la Constitución.
Consiguientemente “ninguna reforma al régimen legal podrá pretender reducir o afectar la garantía de la libertad de prensa y expresión, sin incurrir en violación al régimen democrático”. Hay que añadir la preocupación ciudadana sobre la suerte y el modo de trabajar de los medios dependientes del Gobierno, que por lo visto son los que incumplen las normas y los que menos respetan los derechos ciudadanos. Una tensa situación que no debe enfrentar a bolivianos.
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