No se trata de dinero de dudosa procedencia simplemente son recursos que por diferentes razones no fueron adecuadamente invertidos en gobernaciones y los municipios del país y que están acumulados sin uso práctico, como por ejemplo incentivando el sistema productivo nacional.
No hace mucho, ejecutivos de la Fundación Jubileo hicieron saber el resultado de un estudio especial determinando la existencia de 2.700 millones de dólares que no fueron “ejecutados” desde el año 2004 y hasta agosto de 2011 en niveles de los gobiernos departamentales y en la misma administración central, por tanto es dinero que se encuentra simplemente inmovilizado cuando debería ser “reinvertido” para beneficio común.
Se trata de una suma significativa que muy bien puede servir para sustentar planes productivos con sentido social y con proyección redituable que haga posible su retorno para consolidar una cadena de emprendimientos, por tanto lo que sugiere la Fundación Jubileo es que esos fondos no sean destinados al gasto corriente y más bien se busque áreas especiales del sector productivo que necesitan de ese impulso para posesionarse en la red de los negocios.
Indudablemente que la situación amerita un estudio delicado, pero de orden absolutamente técnico financiero para no incurrir en errores que igualmente pueden distorsionar el buen uso del dinero que en un largo periodo no pudieron invertir adecuadamente gobernaciones, alcaldías y el propio sistema central.
Algunas causales existen para justificar de cierta manera el poco gasto del dinero asignado para inversiones en la administración pública, uno de esos factores por ejemplo es la exigencia de diversas normas para garantizar los gastos especialmente por parte de las empresas adjudicatarias de obras que prefieren postergar sus planes a objeto de no caer en penalizaciones que hacen dificultosa la ejecución de proyectos. Cuando eso sucede generalmente es el Estado el que cubre las falencias, pero en diferentes condiciones por lo menos con mayor flexibilidad de orden legal.
El índice de gastos refleja realmente una problemática muy seria que deberá corregirse en lo posible para la próxima gestión pues en la actual, hasta algo más del primer semestre, la ejecución presupuestaria del Gobierno central bordeaba un 42%, en tanto que los municipios registraban gastos que no llegaban ni siquiera al 18%, en tanto en las gobernaciones sólo en algunas se mencionaba hasta un 20% cuando en los dos últimos casos debería mostrarse cifras que sobrepasen el 40% de gastos en un promedio de media gestión.
El hecho es que se gasta todo el dinero que se asigna y por tanto se ha consolidado un fondo al que van todos aquellos recursos que dicho sea de paso no pudieron invertirse efectivamente en la administración pública. La idea es rescatarlos pero con sentido práctico, de manera que sirvan para impulsar proyectos del sector productivo nacional y que están tratando por todos los medios de canalizar recursos económicos para concretar programas en los que la generación de fuentes de empleo es una dinámica real y efectiva.
En tanto se agiliten los sistemas de inversión pública, se corrijan algunas de las normas de control, se hagan más expeditivas las adjudicaciones y se gaste de manera racional los fondos públicos, aquellos que no pudieron ser utilizados correctamente deberían servir para apoyar los programas del sector industrial y comercial del país, vale la pena diversificar de manera efectiva el gasto público.
Fuente: LA PATRIA
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