Muchos analistas, otros tantos políticos del oficialismo y la oposición se dan el tiempo necesario para analizar el problema de los límites jurisdiccionales en nuestro país y coinciden en que el problema data de mucho tiempo atrás.
Algunas apreciaciones, las que retroceden en la historia, hacen referencia al tiempo del colonialismo, pasando por la época republicana en cuyos periodos siempre hubo problemas de “linderos”, especialmente en las zonas más próximas a los ricos yacimientos mineros que fueron y son parte de las zonas de Potosí y Oruro. Hoy está sucediendo algo muy similar, pues los intereses parecen estar centrados en algunas riquezas naturales y la extensión de áreas de cultivo.
Pero hay quienes avanzan en el tiempo y consideran que si bien existieron problemas de linderos, las cosas se complicaron desde que se dictó la Ley de Participación Popular, que fuera de su contenido eminentemente democrático para gozar equitativamente de la distribución de recursos a través de los municipios desordenó lamentablemente la ubicación de límites para definir la vigencia de decenas de municipios.
Una particularidad de la Ley de Participación Popular (LPP) es que se establecieron los límites municipales, directamente en mesa, se pintaron los mapas y los planos y no se hizo ningún trabajo de campo hasta que surgieron los primeros problemas, justamente por avasallamiento de terrenos, lo que generó las reacciones propias de quienes defienden sus propiedades y de quienes las quieren ocupar.
No es todo, en varias partes del país se confrontan problemas sobre propiedad de la tierra, por un lado están los que obtuvieron las tierras concedidas por la reforma agraria y los que por diferentes causas desconocen tal proceso y se empeñan en buscar tierras saneadas por el INRA, justamente y por extraña casualidad allí donde más proliferan los avasallamientos.
Con la LPP se creía que mediante la redistribución económica y revalorización de los bolivianos frente al Estado se iba a transformar y revalorizar el “espacio local” lo que en realidad no sucedió, pues se crearon falsas expectativas que con el transcurrir del tiempo se convierten en factores adversos respeto a las jurisdicciones originales o por lo menos las más antiguas que establecían el límite de las comarcas, que se respetaban inclusive con ausencia de muros.
Ahora hay varios conflictos limítrofes, pero uno que preocupa y que nos atañe de manera directa es el que está vigente entre Oruro y Potosí que debería solucionarse por la vía del diálogo y la razonable aceptación de los límites que marcan antiguos documentos y más de una docena de convenios, asumiendo la responsabilidad de no incurrir en el futuro en nuevas agresiones una vez que se resuelva el actual problema, en el que aparece otro componente muy delicado y que tiene que ver con la riqueza compartida no sólo en el cerro Pahua, sino también en la extensión del salar de Uyuni, además el caso no es simplemente de tierras sino de los sembradíos de quinua, otra riqueza que recién despierta una marcada codicia.
El problema de los límites - a nivel general - tiene que solucionarse con la Ley de Unidades Territoriales que debería ser tratada de urgencia eliminando la absurda idea de solucionar un problema con una “ley corta” unilateral y que no evitará la superposición de límites, en tanto no se disponga de un instrumento general cuya aplicabilidad sirva en todo el país con la fuerza de una “verdadera ley”.
Fuente: LA PATRIA
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