Todo apunta a que “lo legal” y lo que es motivo de un juicio está reservado simplemente para algunos sectores de nuestra sociedad; esos que, por el momento, ostentan el Poder y al haber copado los tres Órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), hacen lo que se les antoja, al puro estilo de cualquier gobierno totalitario.
Han pasado cuatro años de los hechos que merecieron el repudio nacional y mundial. Me refiero a la brutal represión que sufrió la población de Sucre, aquel 24 de noviembre del año 2007. Han pasado cuatro años y todo indica que los hechos de La Calancha, donde fueron asesinados tres jóvenes universitarios y decenas de ciudadanos heridos, está destinado a pasar al olvido, por lo menos mientras el Gobierno del MAS esté en el Poder.
La población, la totalidad de ella, se levantó contra el pisoteo de la democracia, y por el abuso de los policías que arribaron de todas partes de país invadiendo las calles de Sucre, con “órdenes precisas” de ayudar a pisotear la democracia y a los vecinos de la Capital de la República (por ese entonces todavía la República estaba de pié).
Cual Atila, sobre las serranías de la Calancha, se lo veía muy agitado y mandón al entonces ministro de Gobierno, Alfredo Rada, quién junto a jefes policiales “dirigía las acciones”, por no decir la matanza de jóvenes universitarios y de pobladores sucrenses que luchaban por evitar que una Asamblea Constituyente, ya ilegal, porque no sesionaba en la sede oficial del Teatro Mariscal sino en un cuartel militar, se saliera con la suya al desconocer un derecho legal y democrático que tenía Sucre, para que el tema de la “capitalidad plena” fuera considerado en las sesiones de la referida asamblea.
Desde entonces, hace cuatro años, se han instaurado juicios y se han desconocido autoridades legalmente elegidas, por diversos temas, reales o ficticios, como una forma de defenestrar a la oposición y desviar la atención de los asesinatos perpetrados en La Calancha. Los autores materiales e intelectuales de esos sangrientos hechos están libres. El Órgano Legislativo Plurinacional, al parecer, archivó ese caso y no autoriza la instauración de un juicio a los responsables.
El sólo hecho de haber sido del gabinete ministerial del oficialismo, los hace impunes. Los Rada, los Llorenti y todos aquellos que creen que mandar matar y ordenar reprimir con brutalidad hitleriana, es parte de “sus obligaciones” funcionarias, tendrán que enfrentar, más temprano que tarde, a la justicia; pero, aquella que algún día sea verdaderamente servil, pero a la ley. Ya lo dijo un distinguido magistrado hace años atrás: “la única servidumbre que no mancha, es la servidumbre a la ley”.
Habrá que recordar a algunos personajes que la ley es para todos; que hacer justicia respaldándose en las leyes es una obligación de los operadores de justicia; no así de los operadores políticos que ocupan un juzgado.
No se puede ni se debe olvidar lo sucedido en La Calancha, hace cuatro años. El no hacer recuerdo permanente de esos asesinatos, sólo llevó a que se sucedieran otros hechos similares como el del Tipnis. Si no reclamamos justicia, nos convertiremos en cómplices, por omisión, de otros hechos que se puedan dar en el futuro próximo.
Por lo menos… esa es mi opinión.
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