La tierra orureña no por ser Capital del Folklore de Bolivia tiene que arrastrar las cadenas del coloniaje cuando se trata de solucionar sus problemas y cuando la principal autoridad del Poder Central deslinda su responsabilidad en la solución del problema de límites, señalando que es un caso que “se lo arrastra desde la época de la Colonia y el periodo republicano”.
Vaya pretexto para esquivar una responsabilidad que por donde se la observe corresponde al Gobierno pues se trata de eliminar fricciones muy serias entre hermanos bolivianos que por diferentes circunstancias pretenden ampliar los límites de su jurisdicción, precisamente aquellos que se definieron en la Colonia y se establecieron en el periodo republicano, alterándose más adelante por la codicia predominante de grupos “originarios” con deseos de expansión de sus terrenos de siembra o pastoreo primero y luego, como se observa ahora, por marcados intereses de hegemonía en el manejo de ciertos recursos naturales, minerales principalmente.
Suena raro cuando en muchísimos discursos los líderes del proceso de cambio critican duramente el coloniaje y el periodo republicano, asumiendo que se trata de “la herencia más negativa de un pasado oprobioso”, por tanto hay que liquidar de raíz cualquier resabio de aquellos periodos. Sin embargo, cuando se trata de solucionar problemas limítrofes, posiblemente ancestrales porque se marcaron en la Colonia y fueron alterados más adelante, el asunto no tiene el mismo interés de tratamiento en las políticas de adecuación al nuevo orden que establece, inclusive nuestra más nueva Constitución.
Como los morenos de paso cansino arrastrando las cadenas coloniales se pretende que en Oruro y Potosí se resuelva el problema de límites por una simple gravitación de hechos, y lo más grave del asunto es que las mismas condiciones de los periodos coloniales y siguientes reconocen a los pueblos guerreros, por ejemplo del norte potosino, que resuelven sus entredichos en torneos abiertos de fuerza y violencia, como el tinku tan antiguo y aún vigente.
Tales condiciones no pueden soslayarse simplemente porque provienen de otros tiempos, el caso es que los problemas están latentes en este tiempo en que el país se desenvuelve en un proceso de orden y de respeto a normas vigentes y por tanto la responsabilidad para lograr soluciones a los problemas corresponde al Poder Central, inclusive si se diera el caso que los distritos en controversia como Oruro y Potosí resolvieran por su cuenta con un acuerdo de partes el problema de sus límites, igualmente se precisa el aval gubernamental para que lo acordado sea Ley nacional.
La posición de los dirigentes cívicos de Oruro y Potosí de exigir un diálogo pero con el Presidente del Estado tiene su razón de ser, pues la falta de tino y de voluntad política de ministros es la causa para que un problema que pudo solucionarse oportunamente siga siendo la causa de movimientos cívicos exigiendo atención a pliegos petitorios pendientes en el caso de Potosí y Oruro, pero además de un tratamiento definitivo a los problemas limítrofes que están alterando las buenas relaciones entre bolivianos en varias comunidades donde sólo falta la aplicación de normativas precisas que respondan a las reales expectativas de comunarios partiendo del principio de que los recursos naturales, allí donde se encuentren, son de todos los bolivianos desde la Colonia hasta nuestros días.
Fuente: LA PATRIA
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