Seguramente no faltarán argumentos para justificar la preparación y la realización de una reunión de organizaciones sociales que integrarán la “cumbre oficialista” para tratar descarnadamente los problemas que confronta el Gobierno en la actualidad y perfilar su agenda para los tres años que restan
del mandato popular.
Uno de los argumentos más importantes que se maneja actualmente es el de analizar seriamente lo que le significa al TGN erogar anualmente más de 600 millones de dólares para subsidiar el precio de los combustibles, situación sumamente compleja a la hora de medir la reacción del pueblo cuando se le toca de manera directa el bolsillo, el presupuesto, el poco dinero que debe ser estirado para que alcance el mes, peor aún si existe el peligro de una escalada inflacionaria como efecto de un obligado incremento en precios de carburantes que casi siempre es el detonante para que se expanda la onda especulativa.
Es tan sensible el tema de los precios de carburantes que al sólo mencionar la necesidad de eliminar la subvención se activa una corriente de incertidumbre muy bien manejada por el sector que aprovecha estas circunstancias y hace su agosto poniendo como pretexto el complejo problema de precios de carburantes, tarifas de transporte, desequilibrio del régimen salarial y la cadena de movilizaciones laborales y populares.
La insinuación presidencial anticipando la cumbre de diciembre y la agenda de tal reunión con el punto más importante de consideración como el de la subvención a los carburantes ya nomás desató una ola especulativa, lo que demuestra la consecuencia de lo que sería un pretendido “gasolinazo”.
Este asunto despierta muchas dudas, más aún si en la agenda de diciembre tenga que incluirse aspectos relacionados con la situación salarial, el caso de las inversiones del Estado en mega proyectos mineros, la Ley Minera como lógica consecuencia y el candente tema que seguirá vigente y está relacionado con la falta de saneamiento limítrofe en la mayor parte del país.
Hay aspectos peliagudos para que sean analizados en la instancia de una verdadera cumbre política, sensiblemente en el caso de diciembre el asunto apunta a una “reunión de organizaciones sociales” afines al partido gobernante, lo que desvirtúa el sentido de un tratamiento más justo, muy profesional y absolutamente claro, pues sin desmerecer la posición de los dirigentes “sociales” cualquier agenda en esa instancia tiene características de abierta parcialización que priorizará sus temas sectoriales y minimizará la atención de los graves problemas que afectan a la gran comunidad nacional.
No deberían estar exentos de tratamiento y análisis profundo otros temas que tienen que ver con nuestras relaciones internacionales, el caso de Chile que está prácticamente congelado; hay necesidad de mover muchos hilos para que el restablecimiento de relaciones con EE. UU. permita recuperar un importante mercado de exportación y abrir otras opciones para mejorar la industria nacional. Ojo que valdría la pena una aclaración sobre la deuda contraída por nuestro Gobierno con el de Venezuela, país al que debemos mucho y que ignoramos esa cuantía en el nivel estricto de ciudadanos bolivianos, sabiendo que la “deuda externa” cualquiera que sea ésta incide en la economía general y el esmirriado presupuesto de la población.
Al pensar en una “cumbre social” lo menos que uno espera es que la misma sirva para delinear una estrategia para que el país arranque en su fase productiva y minimice los conflictos sectarios, que perjudican los planes de desarrollo y que además confrontan a los bolivianos. Otros argumentos no tienen validez en este caso.
Fuente: LA PATRIA
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