Subsidios desalientan inversiones y ocasiona una caída de la producción

La política subsidios es negativa porque al mantener precios artificiales bajos, se desalientan las inversiones y sobreviene una caída de la producción, advierte la Fundación Milenio y afirma que los subsidios “contribuyen a acentuar las desigualdades económicas, porque los aprovechan más los grupos de más alto nivel de consumo, en desmedro de los más pobres”

También se estimula el despilfarro, sobre todo en los sectores de más altos ingresos. Y, por supuesto, se crea una fuente de inestabilidad en el presupuesto fiscal, limitando la capacidad de inversión pública, añade.

Milenio dice que, en reiteradas oportunidades, aconsejó eliminar los subsidios y, en su caso, reemplazarlos por políticas de transferencia directa de dinero en efectivo a las familias, cuya eficacia ha sido demostrada con el Bonosol-Renta Dignidad y mecanismos similares.

Según el gobierno, en los últimos años los subsidios a los carburantes líquidos representaron cerca de $us. 1.900 millones, una parte de los cuales sustentó el contrabando hacia los países vecinos, como seguramente sustenta todavía el del GLP.

La experiencia del gasolinazo de diciembre de 2010 demostró que la población no está dispuesta a soportar un aumento significativo en el precio de la gasolina que sea brusco, sin explicaciones y sin compensaciones. Por eso una de las opciones es un retiro gradual de las subvenciones.

Teniendo como base de referencia un estudio realizado hace ya varios años en el Banco Central de Bolivia se podía estimar que un “gasolinazo” como el del 2010 podía tener, por sí solo, un efecto cercano al 10 por ciento de aumento en el IPC en el primer mes, que corregido al segundo y tomando en cuenta la inercia inflacionaria, representaría un impacto cercano al 13 ó 14 por ciento hasta el tercer mes.

Pero eso sólo por el rubro de carburantes. A ello hay que sumar el efecto de otras medidas que pueden empujar al alza, como un aumento de salarios que no se base en mejoras de productividad, o a la baja, como una nueva revaluación del boliviano, que bajaría los precios de los bienes importados. También pueden influir sobre la inflación los conflictos sociales, que provocan escasez, especulación y pérdidas de producción, y las expectativas de los consumidores, cuyas intuiciones pueden crear presiones muy difíciles de controlar ya que se basan en percepciones subjetivas y en la confianza en las autoridades y en el sistema institucional, dice el estudio de Milenio.

Siempre de acuerdo al análisis de esta fundación, un incremento en el precio de la gasolina debería estar acompañado de una compensación que atenúe el impacto en los ingresos de las familias.

En diciembre 2010 se ofrecieron compensaciones indirectas como, por ejemplo, en carreteras, educación y salud, mediante asignaciones a los municipios. Pero ese tipo de gasto público no tiene un efecto compensatorio inmediato. En primer lugar, porque requieren de una capacidad de gestión que el gobierno no tiene como lo prueban las promesas incumplidas que van caracterizando a esta época. Pero, aun si se lograra poner en marcha esos proyectos, su período de maduración no permitiría que sus efectos se sientan de inmediato, como sí se sentirán los efectos de un “gasolinazo”.

Esta forma de compensación, por lo tanto, transferiría los subsidios de los contrabandistas a los burócratas, y lo que se necesita es algo que tenga efecto inmediato y alcance rápidamente a la mayor cantidad posible de gente.

De aumentarse el precio de la gasolina la tentación del gobierno y de los sindicatos será, seguramente, la de transferir la responsabilidad de esa compensación a las empresas, disponiendo un aumento de salarios en proporciones que cubran los costos del shock. Pero debe tomarse en cuenta que ello podría tener consecuencias graves para la economía. Muchas empresas se verían imposibilitadas de soportar costos laborales más altos, y podrían verse obligadas a cerrar, lo que reduciría el crecimiento de la economía y aumentaría el desempleo. Otras empresas podrían aumentar los sueldos pero subiendo a su vez los precios de sus productos, lo que tendría un impacto inflacionario adicional y terminaría por transferir los costos del ajuste a la población. Como se ve, el aumento de sueldos no debería ser considerado una política compensatoria, porque puede causar más problemas de los que se busca resolver.

BONO

Según los cálculos que ha difundido el propio gobierno, los subsidios a los derivados del petróleo en 2012 alcanzarán en total a $us. 755 millones y a la gasolina a $us. 205 millones.

Supongamos que se decidiera eliminar la subvención a la gasolina el 2012. Si en lugar de distribuir ese dinero a las burocracias a título de compensación, se entregara a cada familia un monto igual por cada persona, en promedio esto daría unos Bs. 44 por familia al mes. Si el impacto inflacionario del aumento de la gasolina fuera del 14 por ciento como se ha estimado, esta suma cubriría todo el aumento en el costo de vida para el 20 por ciento más pobre de la población, que se libraría totalmente de los costos de este ajuste. Para el siguiente 20 por ciento, el bono le permitiría cubrir más o menos la mitad del aumento del costo de vida. Y así, a medida que los ingresos y el consumo son mayores, el bono cubriría una proporción cada vez menor del ajuste.

Con este modelo, si se eliminara también el subsidio al gas, el resultado final sería de mayor equidad, pues los grupos más pobres, que hoy no se benefician de estos subsidios, terminarían mejorando sus ingresos.

De este modo, en vez de reemplazar el subsidio por la inflación, y de beneficiar a las burocracias en vez de los ciudadanos, Bolivia pondría en marcha una política de incentivos para las inversiones, de creación de empleo y de reducción de la pobreza, concluye la propuesta.

Fuente: La Paz, 20, LA PATRIA