Después de muchos años de humillaciones, discriminación de los gobiernos y falta constante a diferentes planteamientos, llegó la hora a Oruro y a sus valerosos hijos para levantarse como el Ave Fénix de su escudo de armas, asumiendo acciones drásticas con energía y valor como el último paro cívico de 72 horas, decisiones que estuvieron a punto de fracasar por aspectos políticos provenientes de autoridades masistas.
No podemos olvidar que hace más de tres años el Comité Cívico de Oruro estaba comandado por Marcelo Elío, quién, después de cobijarse bajo la pollera del Movimiento Al Socialismo (MAS), traicionó los objetivos que perseguíamos para encontrar un cauce que nos permita encaminar nuestro desarrollo en varios aspectos. La deslealtad de Elío le permitió ganar espacio en la Asamblea Plurinacional como diputado sin alcanzar méritos necesarios, sino sujetarse del sacón de Evo Morales y tener un medio de vida bien renumerado por el Estado.
Otro pasaje de traición a los intereses de Oruro y Bolivia, fue la solapada actuación de un asambleísta que elaboró en la ciudad de Sucre el Proyecto de la Nueva Constitución Política del Estado. Aquel asambleísta, lamentablemente ya muerto, llegó a esa importante instancia con el favor de Jorge “Tuto” Quiroga; al divisar mejor futuro suyo volcó la página adenista para ligarse al MAS. Este tránsfugo le abrió el camino para ocupar un cargo importante en la judicatura nacional con sede en Sucre, nombrado a dedo por Evo Morales.
En la actualidad, el nuevo grupo de dirigentes del Comité Cívico de Oruro, comandada por Socia Saavedra, tomaron las riendas de las reivindicaciones orureñas, para realizar un primer paro de 24 horas y desde el lunes 14, por 72 horas, reclamando a las autoridades de gobierno solucionar en conflicto limítrofe con Potosí en la zona de Coroma y Quillacas, problema que data de muchos años.
Pese a haberse firmado un documento en el cual se iban a respetarse los límites para evitar enfrentamientos entre campesinos, los de Coroma comenzaron a invadir las tierras de Quillacas sembrando quínua y otros productos. Pero el problema principal es la tenencia del Cerro Pahua, rico en piedra caliza, capaz de abastecer materia prima para una fábrica de cemento.
En la década del 70, Oruro, a través de la ex Corporación de Desarrollo (CORDEOR) después de hacer una profunda investigación de los yacimientos de caliza, consolidó el proyecto a diseño final de la fábrica de cemento, incluso el montaje fue licitado a nivel nacional e internacional, adjudicándose la obra una empresa francesa; sin embargo, el gobierno de la época vetó el proyecto por acción egoísta del ex Contralor General de la República, Manuel Morales Dávila y la presión de ejecutivos de fábricas existentes en el país.
Para la elaboración del proyecto autoridades orureñas tuvieron contactos oficiales con sus pares potosinos para encarar la construcción de la planta de cemento, formando un consorcio o sociedad, no quisieron, menos objetaron sobre los límites departamentales.
En la realidad lo que reclama Oruro es la consolidación de los límites, amparados por diferentes testimonios vigentes desde hace muchos años; pero la ministra de Automomías, Claudia Peña que navega en el desierto, afirma que el gobierno no puede resolver porque es un problema que se arrastra por siglos y, se olvida que en una oportunidad, el presidente Morales se inclinó en construir una fábrica para ambos departamentos para evitar mayores rencores.
Al concluir esta nota, admiro el coraje y capacidad de Oruro y el sacrificio de sus habitantes para respaldar a su Comité Cívico, pese a que todos los sectores entre transportistas, fabriles, comerciantes de mercados, obreros, mineros, universitarios y empresarios, grandes y pequeños, pierden económicamente, lo que afecta a su supervivencia. FUERZA ORURO.
(*) Es Periodista
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