Si hay algo altamente positivo que se rescató del último paro de 72 horas es la unidad de los orureños a través de su principal organismo cívico, que como no había sucedido en los últimos años logró respuesta a sus decisiones, como la muy dura de paralizar actividades por 72 horas en demanda de atención gubernamental a los problemas departamentales y en especial al conflicto limítrofe que se mantiene con Potosí.
Todas las fuerzas vivas del departamento respondieron al reto de expresar una demanda justa a través de una necesaria actitud de presión, que si bien como lo señalaron algunos adeptos al partido oficialista, no “le hizo cosquillas al Poder Ejecutivo” dejó sentada la base para seguir en la lucha y establecer nuevas condiciones de reclamo, hasta que se escuche a Oruro.
La última decisión ya es una muestra de la entereza del pueblo de Oruro y el tiempo de sacrificio que cumplieron todos los estratos sociales esperando una respuesta gubernamental que no llegó, será ahora un límite del mismo tiempo (tres días) para que el Presidente en persona solucione el problema.
Otro hecho que sobresale tras las movilizaciones en Oruro es la reiteración de un amplio sentido de hermandad con el pueblo potosino, mostrando que por encima de los intereses políticos existe una ligazón histórica difícil de quebrar entre los pueblos mineros del occidente, de ahí que la sugerencia de dialogar entre cívicos y buscar soluciones a los entredichos traspasa la “bondadosa” posición oficial de “dejar que el asunto se arregle entre partes”, pues así será pero el aval a cualquier acuerdo que surja por voluntad de ambos distritos será la ley que apruebe la Asamblea y promulgue el Ejecutivo, obedeciendo la voluntad del soberano.
Han surgido posiciones muy interesantes que si bien sólo arrancaron sonrisas de las autoridades del oficialismo, en la práctica de la movilización, en la parte evaluativa del contundente paro afloraron otras iniciativas que podrían ser puestas en práctica como respuesta a la decisión unilateral del Gobierno de querer que un problema limítrofe se resuelva por obra y gracia de los vecinos, desconociendo de tal modo las disposiciones de la Carta Magna que instruye el control de los límites internos y externos, siendo responsable además de la correspondiente cartografía que defina el establecimiento de límites.
Está en vigencia un plazo de 72 horas que coincidirá con el próximo fin de semana, plazo en el que pueden establecerse las condiciones apropiadas para concretar la mesa de diálogo entre las partes en conflicto y la mediación del Presidente y sin intervención de ministros que han sido cuestionados al haber mostrado su incapacidad y poca voluntad para encarar una verdadera pacificación en la zona de los límites, donde afloran ciertos intereses sobre todo relacionados con la explotación de recursos naturales estratégicos.
Todo está definido en la estrategia de las luchas regionales, tal parece con iguales posibilidades en los dos departamentos, esperando tan sólo una seria respuesta presidencial que pueda distender el ánimo todavía caldeado de una comunidad que se siente olvidada por los poderes del Estado.
El mejor resultado de las movilizaciones ha sido unir, después de mucho tiempo, las fuerzas cívicas de Oruro para luchar por mejores condiciones de vida en su inalienable territorio, además en paz y armonía con los vecinos de Potosí cuyas demandas son coincidentes en ambos departamentos de riqueza minera y de luchas paralelas. En Oruro la fuerza de los mineros deberá ser claramente expuesta, como sucede en Potosí, por tratarse del sector que más se beneficia con las riquezas de la región.
Fuente: LA PATRIA
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