Periodismo mexicano oficio muy peligroso

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Unos 15 periodistas fueron asesinados en México durante el transcurso del 2011, con lo que mantiene el triste registro de ser el país más peligroso para ejercer este oficio en Latinoamérica.

Según la última valoración de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), también ocupa el segundo puesto en el mundo entre los territorios más inseguros para trabajar como comunicador.

El pasado 24 de septiembre ocurrió el último homicidio contra un profesional de la prensa, cuando se encontró el cuerpo decapitado de María Elizabeth Macías Castro, jefa de redacción del periódico Primera Hora, en la norteña ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Junto con los restos de la comunicadora apareció un mensaje en el que se leía: "Aquí estoy por mis reportes y los suyos", según el informe de la procuraduría de ese estado.

Macías, de 39 años, también era una de las moderadoras del sitio web Nuevo Laredo en vivo, en el cual conducía varios foros y chats de denuncia ciudadana.

Nuevo Laredo en vivo tiene casi 500 mil visitas registradas y su cuenta de Twitter ya rebasa los tres mil 500 seguidores, quienes pueden hacer denuncias anónimas al Ejército y a la Marina.

El objetivo general del sitio es que los ciudadanos denuncien, a los teléfonos de emergencia y de autoridades federales y locales, sobre la presencia en la ciudad de miembros del crimen organizado y otros actos de violencia.

Pero esta actividad de denuncia, realizada también en sitios como Frontera Al Rojo Vivo, y redes sociales como Twitter y Facebook, es perseguida y censurada por grupos del crimen organizado.

Después de conocerse la muerte de la periodista, los administradores del sitio escribieron: "Nos quitaron a NenadLaredo físicamente, pero ella siempre estará presente. NenadLaredo Q.E.P.D.".

Tras este asesinato, la directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Irina Bokova, exigió al gobierno mexicano que adopte medidas urgentes a fin de proteger a sus periodistas.

"Insto con urgencia a las autoridades a tomar todas las medidas para mejorar la seguridad de los periodistas y llevar ante la justicia a aquellos que los atacan", dijo.

Según Bokova, la impunidad resulta actualmente aquí otra amenaza directa a la libertad de expresión y de prensa.

"Este país está en guerra y muchas personas están quemando la pólvora en infiernitos", asegura la reportera Soledad Jarquín Edgar, Premio Nacional de Periodismo 2007.

Es muy tentador para los gobernantes o los delincuentes utilizar la censura, la presión económica o política para desgastar a los informadores cuando estos no responden a sus intereses, aseguró en defensa de profesionales de Quintana Roo.

En su reciente llamado, Jarquín denunció el ambiente de temor y de incertidumbre en el que trabajan los comunicadores en ese estado, quienes a diario tienen que sortear "las amenazas de políticos voraces o de los mercenarios del crimen organizado."

Cuando Daniel Domínguez, periodista de temas policíacos en El Diario, de Ciudad Juárez, Chihuahua, sale de su casa sabe que quizás no regrese nunca más a su morada.

Diariamente escribe sobre los enfrentamientos de las bandas de narcotraficantes que se disputan el control territorial de la localidad más violenta del país, fronteriza con Estados Unidos.

Su oficina radica en un edificio, al cual le colocaron recientemente vidrios blindados, luego de retirar otros con huellas de disparos.

En este medio las llamadas de amenazas no cesan, y en el 2008 un fotógrafo y un periodista allí fueron asesinados.

Esos mensajes funcionan como una especie de recordatorio de la violencia, dice Domínguez, que se ejerce constante y diariamente sobre los profesionales y los medios mexicanos, incluidos los independientes, comunitarios y los de las redes sociales.

En el 2010 fueron asesinados en el mundo 97 periodistas, según el último informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), donde se registra la muerte violenta de dos mil 271 de estos profesionales en los últimos 20 años.

Para el secretario general de esa asociación, Aidan White, esa cifra ilustra cómo en la época de mayor cantidad de medios poderosos y de más acceso a información diferente, son mayores los riesgos para los periodistas con la voluntad de decir la verdad.

Pakistán es el país que cuenta con el peor registro de seguridad, seguido por México y Honduras, refiere el análisis de la FIP.

No obstante, otras organizaciones y entidades internacionales definen a la nación azteca, por no encontrarse declaradamente en guerra, como la más peligrosa para el ejercicio de este oficio.

Entre estos organismos se cuenta a la Unesco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, la Federación Latinoamericana de Periodistas, además de varias asociaciones gremiales mexicanas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calcula 80 periodistas asesinados en la última década, la mayoría (unos 50) ocurrieron en el actual sexenio.

Al menos, 139 periodistas y 21 medios de comunicación fueron agredidos en México en el 2010, año en que los ataques a la prensa aumentaron de nivel, según informe del Centro de Periodismo y Ética Pública.

Tamaulipas es uno de los estados que registra mayor violencia en el país, atribuida en gran parte a la lucha por el control del territorio entre el grupo criminal de Los Zetas y el cártel del Golfo.

De acuerdo con ese estudio, el crimen organizado escaló en su estrategia contra los medios y ya pasaron de las amenazas y exigencias informativas, con las que muchos medios convivían, a un nuevo escenario.

Actualmente esos grupos, afirma la valoración, se convirtieron en secuestradores de periodistas para usarlos como presión a fin de que sus empresas difundan sus mensajes. Para Darío Ramírez, director de Artículo 19, el año 2011 se perfila como uno de los que más agresiones registra contra la prensa.

Cada vez es más evidente que el Estado no es capaz de ofrecer a los comunicadores las condiciones de seguridad mínimas para ejercer su labor, asegura.

Hasta septiembre ocurrieron 15 asesinatos de reporteros, el último corresponde al caso de María Elizabeth Macías Castro, la @NenaDLaredo, después de Humberto Millán Salazar, de 53 años, director y editor del diario digital A Discusión, muerto el 25 de agosto con un disparo en la cabeza en Culiacán, Sinaloa.

Ante la ola de violencia y de impunidad, los comunicadores se preguntan: ¿Hay libertad de expresión en México? ¿Dónde está el Estado?

Según Pablo Hiriart, esa libertad no es únicamente que el gobierno permita hablar y escribir, sino que nadie muera por decir cuánto piensa o sabe.

La Fundación MEPI para el periodismo de Investigación asegura que la prensa regional en México informa menos del cinco por ciento de los asesinatos, ataques y violencia ligados al crimen organizado en el país.

Los cárteles de la droga impusieron el silencio, según esta organización, tras analizar 11 diarios regionales.

Miguel Badillo, director de la revista Contralínea, afirma igualmente que en los estados fronterizos y del centro no se publica nada que tenga que ver con el narcotráfico.

"Hay un problema de autocensura terrible por temor a la muerte. En México estamos enfrentando una verdadera crisis y eso es gravísimo", explicó en reciente entrevista a Prensa Latina.

Pero según el Centro Nacional de Comunicación Social y la Casa de los Derechos de los Periodistas, los perpetradores de agresiones contra la libertad de expresión no son sólo los narcotraficantes.

En su mayoría, afirman, son militares o funcionarios públicos. Rogelio Hernández López, coordinador de protección de la Casa de los Derechos de los Periodistas, con más de 20 años de análisis en estos asuntos, refiere que la violencia contra los medios se recrudeció en el país, al empalmarse varios fenómenos.

Añade que la entrada al gobierno de Felipe Calderón con una nueva estrategia de seguridad, y la diversificación de la actividad del crimen organizado, son causas de lo que hoy ocurre.

Ahora los cárteles no solo trafican drogas, también secuestran migrantes y mujeres, extorsionan o contrabandean armas o mercancías diversas, abunda a Prensa Latina, Hernández López.

Según la tipología de agresores realizada por la Casa de los Derechos de los Periodistas, el 32 por ciento son uniformados; es decir, policías municipales, estatales y federales, más miembros del Ejército y de la Marina.

Les siguen los funcionarios públicos, desde presidentes municipales, de cabildos o regidores, hasta secretarios de gobierno y gobernadores.

El tercer puesto lo ocupa el crimen organizado, seguido por integrantes de partidos políticos.

Entre los agravios más frecuentes, además de la muerte, se cuentan hoy la imputación indebida de hechos y choques por impedir trabajar en las zonas donde hay información, como marchas o actos de gobiernos.

Además de presiones judiciales, trato cruel y degradante, detenciones arbitrarias, hostigamiento y el castigo o veto publicitario, este último convertido en un arma de control de la prensa y de los periodistas, en caso de no acomodarse a intereses gubernamentales.

Hay pago de publicidad oficial para los medios complacientes con el gobierno, a los incómodos se les retiran dichas partidas, explica Hernández López.

A su juicio esto ocurre hoy en México porque los periodistas y los medios tienen un alto grado de vulnerabilidad, especialmente los reporteros.

Actualmente los mayores castigos en el país no son contra los grandes medios de prensa, como El Universal, Milenio o Televisa o TVAzteca, abunda.

Los más agraviados son los reporteros de temas policiales o de política en los estados o ciudades medianas, y los medios pequeños, sobre todo revistas incómodas como Proceso y Contralínea.

Entonces tenemos que construir derechos para reducir esa vulnerabilidad, precisa Hernández López, quien insiste como solución a este problema en la creación de un andamiaje legal y de políticas públicas.

Lograr, dice, el reconocimiento jurídico de que el ejercicio del periodismo es de interés público, además de crear mecanismos de protección y prevención y reformas legales que reconozcan los derechos profesionales de los comunicadores.

Para Hernández López es necesario tener políticas públicas a favor de la libertad de expresión y de la reducción de la vulnerabilidad profesional y social de los periodistas mexicanos, bajo el acoso constante de la muerte.