La aplicación de una política de “neutralidad impositiva” para el sector minero metalúrgico pone en duda el pago de regalías mineras para las regiones productoras, que esperan tener esos ingresos como beneficio y valor agregado por la explotación de sus recursos naturales no renovables, lo que podría además generar una crisis económica regional.
La medida de Gobierno, como quien diría, pretende matar la gallina de los huevos de oro que supone el pago de regalías para Oruro y enajenar nuestras empresas productivas como la Minera Huanuni y la Metalúrgica Vinto que pasarán a ser subsidiarias de la gubernamental Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que en definitiva será la única beneficiada en perjuicio de la región.
La norma de la nueva política impositiva minera metalúrgica además “perfora” la universalidad tributaria que pregona el Gobierno y favorece sólo al sector estatal que resulta ser más incompetente, porque ahora se quiere eludir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) minero, dizque para mantener los costos de producción y no crear un desfase económico financiero.
Empero la mejor solución sería tener una administración eficiente que permita hacer de ambas empresas altamente competitivas, aplicando métodos de excelencia y calidad que garanticen una mayor producción de concentrados, en el caso de Mina Huanuni, y la optimización del tratamiento y de los costos de refinación que se tienen en la fundidora nacional, para soportar incluso la crisis de los precios que pudiera presentarse en el mercado internacional de los metales.
Evitar el pago de impuestos será un antecedente funesto para el propio Estado, ya que no se puede cubrir la ineficiencia administrativa con la supresión del pago de regalías que resultan ser los gravámenes que rigen en Bolivia para los productores mineros. En vez de buscar la neutralidad impositiva debería existir mayor ingenio para reducir costos de producción, optimizar los procesos de administración y dejar de ser empresas “sociales” con el único propósito de mantener una base política de sustento para el régimen gobernante.
Eludir el pago del IVA minero con argucias para favorecer a las empresas estatales podría considerarse una acción discriminatoria, porque la ley se aplica para todos y debe favorecer o afectar a los productores en su conjunto lejos de odiosas preferencias que buscan “compensar” errores de administración y manejo poco eficiente de las empresas estatales, en perjuicio de la minería mediana y chica que sí tiene que tributar.
Transferir o tener una administración dependiente de la Comibol para Huanuni y la Metalúrgica Vinto, es aplicar un cambio del modelo, así se quiera justificar con la supuesta administración independiente para eludir el pago del IVA minero, al tener un manejo interno de la venta de la producción, permitiendo luego que la corporación estatal recupere el pago del 15% del IVA por las ventas realizadas a través de los Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim) que supone dejar atrás la deuda que tiene la Metalúrgica con Huanuni por la provisión de concentrados, por entregas pagadas con Cedeims que no pudieron ser recuperados hasta la fecha y que fácilmente podrían superar los 50 millones de dólares, fruto de la nacionalización de la fundidora nacional.
Para recuperar nuestras empresas productivas debemos tener planes concretos y ello supone diseñar una política minera nacional que garantice al futuro, por citar un ejemplo, la suficiente provisión de concentrados para el nuevo horno Ausmelt que tendrá una capacidad de tratamiento de 30 mil toneladas métricas finas (TMF) año, cuando la producción nacional es de 25 mil toneladas métricas netas (TMN) en Huanuni, Colquiri y el sector privado, para obtener 11 mil TMF año de estaño metálico.
Para llegar a producir 25 mil TMF de estaño/año requerimos mínimamente contar con una producción de entre 40 mil y 50 mil TMN, para así no afrontar conflictos sociales, que podrían darse con la reducción de personal en la Metalúrgica, puesto que el nuevo horno que se instalará trabaja con 25 personas en la operación de tres turnos, lo que supone que habrá que pensar cómo se consigue mantener a los casi 600 trabajadores que tiene la metalúrgica.
La producción de Huanuni deberá incrementarse con la puesta en marcha del nuevo ingenio, pero eso no es suficiente y las autoridades responsables del sector de minería deben buscar otros yacimientos para tener una producción por lo menos aproximada a la que genera el Perú donde hay entre 60 mil y 70 mil TMN de concentrados de estaño para alimentar a sus dos hornos Ausmelt de fabricación australiana que procesan y demandan, cada vez, mayor cantidad de material para aumentar su producción.
No asumir con responsabilidad el abastecimiento de concentrados para la fundidora nacional y hacerla más competitiva supondrá siempre buscar artificios para justificar una mala política de administración en detrimento del Estado, las regiones productoras y los beneficiarios de la explotación de los recursos naturales no renovables a través del pago de impuestos o regalías. Ojalá la actitud cómoda de las autoridades cambie por una acción de excelencia que haga de nuestras empresas estatales rentables y competitivas. Esa es la única fórmula para no dañar ni perjudicar la economía orureña.
(*) Periodista
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