Transparencia y control a los gobernantes

La Fundación Ideas y la Fundación FAES, ligadas al Partido Socialista (PSOE) y al Partido Popular (PP), acaparan el 80% de las subvenciones públicas que el Gobierno ha repartido entre las organizaciones culturales de carácter político. Esta noticia no ha tenido la debida repercusión en los medios. Cuando debería mover al escándalo general, al debate y a exigir a los partidos en las próximas elecciones que se comprometan en sus programas.

Así consta en el reparto de las ayudas otorgadas por el Ministerio de Cultura que ha publicado el Boletín Oficial del Estado donde queda reflejado que las fundaciones de PSOE y PP se reparten más de cuatro millones de euros de los cinco millones adjudicados.

El 20% restante de los cinco millones de euros se lo reparten nueve asociaciones que dependen orgánicamente de partidos políticos con representación en el Congreso y en el Senado. A todo esto debemos añadir las enormes ayudas y subvenciones de los presupuestos de las Cajas de Ahorro la de los presupuestos de los ayuntamientos. Huelga decir que las ayudas de diversa índole, en dinero o en especies y servicios de empresas y de particulares que encuentran fórmulas para pasar desapercibidas o para desgravar en la declaración de la renta. No puede ser de recibo en una democracia social y con una transparencia tajante que esas “fundaciones” y asociaciones no dependan, sin más, de las aportaciones de sus militantes.

Pero si en nuestro país, España y en sus comunidades autónomas, ¡reciben subvenciones sindicatos y patronales en forma de exenciones fiscales, uso de inmuebles y un sin fin de medios interpuestos! No es posible que mientras la ciudadanía está sometida a severos recortes en la educación, en la sanidad, en las pensiones y en los servicios a personas dependientes por su incapacidad, se sostenga con dinero de los contribuyentes a organizaciones políticas que lo utilizan para sus propagandas ideológicas, así como para saber agradecer servicios prestados.

Mientras tanto, se han reducido drásticamente la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y de ayuda social imprescindibles a las asociaciones de la sociedad civil. Cierto que en algunos casos algunas han perdido su razón de ser, por haber cumplido sus objetivos o por no ser capaces de conseguir de la ciudadanía aportaciones suficientes para su labor social. Disuélvanse en hora buena si no tiene los socios necesarios para su actividad.

En España se ha cultivado durante siglos la nefasta educación en la “gratuidad”, dejando las obras sociales de la Iglesia a costa del Estado.

Todavía padece la sociedad española los efectos de unos Acuerdos España- Vaticano que financia con cientos de millones de euros a esta confesión religiosa y con desorbitados privilegios fiscales. Ni los diferentes gobiernos socialistas han sido capaces de que las Cortes sometiesen a debate una prometida Ley de Libertad Religiosa por las férreas presiones de este lobby que atenta al espíritu de la Constitución que se dieron los ciudadanos en 1978, cuando el Estado se declaró no confesional.

Un acuerdo firmado entre el Vaticano y el Gobierno de Felipe González para que, al cabo de tres años, la Iglesia se financiase con las aportaciones de sus fieles quedó en agua de borrajas. Fallaron los fieles en la contribución económica a su Iglesia. Lo mismo sucede con las aportaciones de los españoles a las ONG que dicen “admirar” y celebrar tanto pero que sitúa a España a la cola en lo que se refiere a contribuir con las entidades solidarias. Sólo un 9% realiza aportaciones regulares a estas instituciones, si bien, cuando se trata de hacer frente a catástrofes o emergencias, las donaciones figuran entre las primeras del mundo. Sólo unos tres millones de españoles donan regularmente a estas organizaciones, pero no las recomiendan entre sus conocidos y familiares.

No existe una educación para contribuir con regularidad en las obras de interés social porque puede resultar presuntuoso hablar de sus buenas acciones. De ahí la necesidad de extender esta filosofía de transformar la compasión en compromiso al tiempo que se denuncian los abusos de la partitocracia imperante y se exige a los gobernantes la transparencia en su gestión y la debida información a todos los ciudadanos.

(*) Profesor Emérito de la Universidad

Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS

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