En la historia del comportamiento humano, la experiencias sufridas en el diario vivir, sirven y ayudan a corregir yerros y, muy especialmente, el evitar cometerlos nuevamente. En nuestro país, pese a todo lo experimentado desde enero de 2006, no hay forma de que el régimen del MAS aprenda un mínimo de humildad y evite cometer los errores que ya son características de su diario vivir.
Los abusos de poder cometidos el domingo 25 de septiembre son lecciones más que suficientes para que hasta el régimen más recalcitrante evite repetirlos; pero, las autoridades, cegadas por el exceso de poder, han preferido estrellarse contra el pueblo y aplicar procedimientos de fuerza para que los campesinos que defienden justos derechos, eviten su marcha para pedir que el gobierno cumpla la parte que le corresponde.
Vivimos tiempos de crisis no sólo económica sino también política y moral agravándose en el campo social, porque lo económico y político repercute seriamente en la conducta de la población, especialmente cuando no se reconocen derechos o, si se lo hace, se procede a la adopción de acciones de fuerza que lastiman al pueblo que no acepta conductas intransigentes y menos aquellas derivadas de pretensiones tiránicas como parece que hay la intención de hacerlo con tal de mostrar “razones” que no se han mostrado con el diálogo y menos con razonamientos que permitan llegar a la concertación.
¿Qué pretenden autoridades cegadas por el poder?, ¿hasta dónde podrían llegar con tal de sostener posiciones que la misma Constitución les niega?, ¿cómo es posible que se desconozcan principios elementales de derechos humanos y se atente contra ancianos, mujeres y niños, con tal de mantener caprichos tan sólo porque así conviene al régimen gobernante?
El hecho de no reconocer ni respetar derechos a un pueblo que busca que el Gobierno gobierne al Estado, puede ser motivo para desencadenar acciones contra las comunidades que marchan, protestan y piden ser recibidas por el Presidente para mantener un diálogo constructivo, es un atentado a la Carta Magna y las leyes porque se entiende que quienes administran el Estado se deben, como gobierno, a servir al pueblo y no pueden asumir posiciones extremas que mellen la libertad de expresión, la de pensamiento y todo aquello que compete a la vida de los pueblos.
El partido de gobierno, MAS, está obligado a servir al país; no puede ni debe soslayar responsabilidades en todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas y mucho menos en los abusos cometidos el domingo 25 de septiembre; este partido, conjuntamente sus dirigentes, es responsable pleno y el pueblo está en su justo derecho de pedirle cuentas de lo ocurrido; de otro modo, querrá decir que hay seria inclinación hacia un totalitarismo que fácilmente puede convertirse en una tiranía de consecuencias fatales. Asumir más soberbia de la demostrada en más de 70 meses de gobierno, no le hace ningún bien al régimen presidido por el señor Evo Morales; al contrario, le restan autoridad, lo debilitan y le hacen perder credibilidad que muy buena falta le hacen. Aceptar las críticas y los reproches que deben tomárselos constructivamente no debe ser motivo para llegar a la estulticia y creer que, de todos modos, se tiene absoluta razón cuando conciencialmente se sabe que no se la tiene.
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