Una vez que sean posesionadas las nuevas autoridades judiciales sería la consolidación del proceso electoral del pasado 16 de octubre que todavía sigue seriamente cuestionado en función al resultado porcentual de los votos emitidos, los válidos y los nulos y blancos y en otro caso la mínima cantidad de sufragios a favor de algunos candidatos, queda cierta incertidumbre entre la gente que de algún modo está ligada al sistema jurídico nacional.
De acuerdo a una última posición del Gobierno se hace necesaria una “descolonización” del Poder Judicial nacional, situación que necesariamente implica un cambio considerado generacional y que ya es rechazado por los abogados que consideran el proceso como ilegal.
Cuando se manejan otras cifras como las que corresponden a la cantidad de funcionarios del sistema judicial, hay más de 4 mil personas que actualmente temen por sus cargos, una vez que inicien sus labores las nuevas autoridades que aplicarán como normativa la aplicación de una ley de transición del Órgano Judicial que comenzaría mínimamente con una evaluación de todo el personal desde las jerarquías que ostentan los jueces hasta los funcionarios de carrera que se preparan cumpliendo algunas tareas en los recovecos de la justicia.
Se anticipa también que el Consejo de la Magistratura, que es la instancia administrativa del Órgano Judicial, diseñará y aprobará un reglamento para convocar, seleccionar y designar a nuevos funcionarios, aclarándose que los que hasta entonces se encuentren en funciones tendrán el derecho de ser parte de la nueva selección, lo que significa que estarán bajo evaluación para mantenerse o despedirse de sus cargos.
A propósito de este tema, candente para quienes dependen del Poder Judicial como fuente de empleo y por la cantidad de personas en tal situación, existiría una posibilidad de mantenerse en el trabajo, amparándose en lo que refleja la Constitución al respetar la “carrera judicial”, por lo menos así lo afirmó la máxima ejecutiva del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia.
Esto muestra que hay un problema en puerta y que significará una prueba de fuego en su tratamiento, pues muchas alternativas –jurídicas– tendrán que ser puestas en práctica, como muestra de la transparencia que justamente debe existir en los estrados judiciales.
Tomando en cuenta que el plazo original de un año que se dispuso para la aprobación de las reformas de 12 leyes del sistema judicial y que ahora se ampliará por un año más, significa que hasta el 2013 deberán ser reformados los distintos códigos que rigen la administración de justicia, una tarea muy delicada y que casi con seguridad se prolongará más de los previsto, lo que configura que el cambio del sistema judicial durará más de tres años.
El reto está lanzado y se entiende que la transición al nuevo Órgano Judicial tardará por lo menos un año y en ese periodo los 4 mil funcionarios serán evaluados y tras un proceso “depurador”, quedará listo un equipo de apoyo a las tareas judiciales que comience su tarea el 2013 si no hay variantes en los intrincados procesos del propio cambio jurídico.
Lo que se espera es que desde enero del año venidero la ciudadanía pueda percibir el tan mentado cambio en la justicia, de manera que no sea un simple cambio de personas, sino verdaderamente del sistema en su conjunto. Todo está en “veremos” en tanto se consoliden inicialmente los resultados y la legitimidad de las elecciones judiciales.
Fuente: LA PATRIA
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