Mucha riqueza y pocos planes de explotación

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Los problemas que confronta la minería desde hace decenios atrás siempre han estado relacionados con la dependencia que tenemos con los precios que oscilan en los mercados internacionales, en función a los intereses de los grandes industriales o competitivamente a las gigantes fundiciones o las siderúrgicas asiáticas que regulan la compra de materia prima, justamente el insumo que con mucho esfuerzo producimos en Bolivia.

Durante mucho tiempo se mantuvieron los precios en niveles expectantes para nuestra minería, pero no tuvimos la capacidad –técnica y jurídica– como para crear los mecanismos administrativos e institucionales necesarios que nos permita crear un verdadero fondo de financiamiento para impulsar la minería de manera general, haciéndola competitiva con países vecinos donde se cuidan detalles particulares que tienen que ver con incentivos y seguridades para las inversiones.

El pecado –original– de nuestro sistema minero es que la rica minería nacional, desde que se produjo la nacionalización de las minas, ha cambiado evidentemente de dueños, haciendo que el Estado se convierta en poderoso patrón y por tanto en el recaudador directo de las utilidades producidas por la minería, aunque con una variante exclusiva, pues las minas se convirtieron en empresas “sociales”, aún a costa de perder dinero pero sosteniendo, más política que técnicamente, una producción destinada a zozobrar, aunque su salvación fue siempre el Estado listo para subvencionar las pérdidas sociales.

Hay quienes recuerdan que la Comibol fue una de las empresas más grandes del país, pues sirvió para sostener miles de trabajadores, aunque sus posibilidades estuvieran fuera de la realidad financiera que hacía posible gastar más de lo que percibía, factor determinante para su quiebra que llegó en la década de los 80 con el derrumbe de precios y el despido de miles de mineros.

No se puede desconocer que desde esa caída estrepitosa de la Comibol se continúa con esas prácticas “adoptadas” de emergencia por las cooperativas que comenzaron a explotar los “residuos” de la minería estatal y lo siguen haciendo, generalmente sin orientación técnica profesional adecuada, con muy poca inversión de capital y casi siempre entre las subidas y bajadas de las cotizaciones, cambiando temporalmente de rubro, pasando a la agricultura, el comercio o el transporte, en tanto repunten los precios internacionales.

Sin embargo en el último tiempo se ha producido un avance en el sector de las cooperativas, tiene evidente sentido político sectorial y permitió ya algunos aportes directos vía Estado para que los cooperativistas se “capitalicen” y puedan financiar un ingenio para el tratamiento de los minerales que producen y además lograron también un fondo para crear su propia comercializadora de minerales que compra directamente los concentrados del sistema cooperativo.

Como si no fuera suficiente esas muestras de favor, aunque inequitativas para el resto de los sectores mineros, hay la intención de eliminar un pago impositivo del mismo sector (IVA), en tanto que los demás productores mineros seguirán acosados por las pesadas cargas tributarias, sin ninguna ayuda estatal.

Estos factores de inequidad, de acuerdo al análisis de los expertos en minería, crean desigualdad entre un mismo sistema productivo, del que parece se beneficiarán algunos centenares de productores que no aportan ni capitales ni impuestos, por tanto se reduce un alto porcentaje de beneficio para el TGN y consiguientemente para la comunidad.

TIEMPO DEL CAMBIO

Es necesario asumir la responsabilidad del cambio, no precisamente con el sentido político que se da a la circunstancia, más bien encarando con mucha seriedad una transformación del sistema productivo minero, considerando que sus proyecciones son muy interesantes en materia de reservas y posibles emprendimientos futuros.

Posiblemente será necesario cambiar parte de la estrategia política nacional y abrir nuevas líneas generales para impulsar el sistema productivo minero, pero tomando en cuenta todos los sectores que la componen y que son parte de un abanico con muchas posibilidades en diferentes espacios y con variedad de minerales que sólo están esperando capitales y tecnología para su explotación.

Hay que eliminar esa negativa “posición estatista” que sólo ha sido la causa del atraso en importantes proyectos precisamente por las limitaciones propias de un Estado que necesita de mucho apoyo para impulsar sus planes de acción productiva, especialmente en rubros como los hidrocarburos y la minería.

Hay que entrar en el ritmo de los países vecinos y con las mismas armas, aquellas que nos hagan competitivos y atractivos para tentar capitales y tecnología, ofreciendo garantías, seguridades e incentivos, como sucede en Chile o el Perú donde se concentran los grandes inversionistas mineros.

Una vez más reflexionemos sobre la importancia de las ingentes riquezas que posee nuestro país y que no están siendo debidamente explotadas o que por una serie de factores adversos están siendo mal utilizadas. Necesitamos una política de emprendimiento minero que garantice primero que nada las inversiones y que de inmediato permita encarar planes de exploración, prospección y explotación de nuestra riqueza guardada la que se convertirá en desarrollo tangible y equitativo para todos los bolivianos.

Agencia Uru - Medios

Fuente: LA PATRIA