Después de 65 días de marcha por caminos pedregosos y fangosos, bajo un sol abrasador a mediodía y un frío polar en las noches y madrugadas altiplánicas, un millar de humildes indígenas orientales y, a pesar de la agresión brutal de la policía para detenerlos, lograron doblarle el brazo al musculoso Evo Morales. El primer logro de los indígenas en el mismísimo palacio de gobierno (que sus lacayos sabían que se encontraba en reparación) fue que lo mucho que aún queda de la hermosa selva del Isiboro-Sécure, no será partida en dos por el II tramo carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Esto es lo que nos dijeron que dijo el Sr. Presidente, quién el lunes pasado firmó esa extravagancia legal que llaman ley corta que se supone confirma la promesa del Sr. Presidente. El acto de la firma fue ilustrado por emotivas declaraciones, hasta las lágrimas de parte de los dirigentes orientales y con palabras muy precavidas del Sr. Presiente quién insistió en que “a mí no me echen la culpa”.
Una vez que se ha dado este paso al que habrá que calificar de precedente conciliatorio entre el gobierno y los indígenas del Tipnis, habrá que meditar muy seriamente y actuar muy prudentemente para definir una política que equilibre la necesidad de conservar las áreas selváticas, así como de promover a sus habitantes por medio de un programa adecuado de desarrollo sostenible, sin invasiones depredadoras de maderos ilegales ni de cocaleros, al mismo tiempo que se alientan los trabajos hidrocarburíferos necesarios para la economía. Esta afirmación que parece más que obvia, cuando existe una gestión gubernamental previsora, ordenada y estimulante, deja de ser tan clara como acabo de esbozar y empieza a enturbiarse. Afortunadamente el texto del acuerdo escribe la palabra “intangibilidad”. Pues eso, que se cumpla.
Sin duda sobrevendrán estorbos prosaicos como las intrigas y presiones de aquellos que he calificado de invasores. Y la cosa se complica aún más pues la experiencia de estos últimos años revela que, en cuando se derriba un árbol y se allana un terreno allí se establecen los cocaleros y, consiguientemente va creciendo la red de productores y traficantes.
Más turbio y complicado se torna el caso si los proyectos sustitutivos de la carretera que ya ha sido descartada empiezan mal contrahechos como ya ocurrió cuando se firmó el contrato entre la Administración Boliviana de Carreteras y la empresa constructora brasileña OAS. En aquella ocasión no se cumplió con el precepto legal a toda obra pública del Estado, de la licitación entre varios concursantes. Diga el amable lector si es correcto otorgar un contrato de 332 millones de dólares –más los que añada ABC por su cuenta– sin la necesaria licitación pública. Cúmplase la ley y no habrá ni malentendidos ni maledicencias.
Tengo para mí que, si este gobierno pudiese confiar en una buena administración, podrían establecerse otros convenios que evitaran la deforestación depredadora de las áreas selváticas estrictamente necesarias para realizar convenientemente los trabajos petroleros.
Una vez más, Bolivia se encuentra en una encrucijada; o mantiene sus selvas, un tesoro ecológico apreciado en el mundo entero, o decide explotar los bienes inmediatos como los hidrocarburos. La disyuntiva no es fácil de solucionar equilibradamente, pero se agrava cuando hay un tercero, la cocaína. Este triángulo debe romperse por alguno de sus lados. Empezando de inmediato con el narcotráfico.
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