Hace años –antes del actual régimen–, con propósitos electorales y un populismo exagerado, se anunció: “Crearemos 500 mil empleos”. La frase, impactante en muchos sectores de la población, despertó esperanzas, pero la realidad se encargó de despejarlo todo y mostrar que no había otra cosa que engaño e irresponsabilidad.
Desde siempre, el mayor drama de nuestro país es que ningún gobierno se ha preocupado por crear fuentes de riqueza que permitan el desarrollo nacional y sean generadoras de empleo, de trabajo para una comunidad que espera vanamente la solución de un problema dramático y traumático como es la carencia de un trabajo, de un medio para ganar el sustento y proporcionarlo a la familia.
Demagogia, populismo, anarquía, deshonestidad e irresponsabilidad han sido las características de quienes comprometieron los “mayores esfuerzos” para “sacar al país de la pobreza”, y no haber cumplido. Las políticas del “dejar hacer y dejar pasar” han primado como formas de gobierno en los regímenes constitucionales e ilegales que han pasado por los poderes de la nación.
En la mayoría de los casos, se estuvo atenidos a las inversiones, a que empresarios extranjeros se fijen en Bolivia y traigan capitales financieros, tecnológicos y humanos para “levantar nuestra economía”; pero, la realidad es que nadie, fuera o internamente, ha “movido un dedo” para hacer realidad lo que más atención requería, lo que debió ser propósito y finalidad de todo régimen de gobierno.
La presencia de un empleo con todas las ventajas como seguridad, buenas remuneraciones, atención de los servicios sociales, garantías de permanencia, vacaciones y beneficios colaterales asegurados, respeto y consideración, raras, muy raras veces hubo en el país. En la mayoría de los casos, la seguridad de un empleo estuvo supeditada a las garantías que tengan las empresas para un constante crecimiento, para realizar inversiones que permitan diversificar la producción, que den lugar a la renovación y modernización de maquinaria, que haya mercado asegurado y garantizado en el país, que haya posibilidades de exportación y, fundamentalmente, que las garantías jurídicas sean plenas y no hayan peligros de estatizaciones o medidas extremas de las políticas partidistas.
En pocos gobiernos se han cumplido siquiera parte de estos factores porque la misma inestabilidad política, la debilidad congénita de los gobiernos, la incapacidad y muchas veces la deshonestidad funcionaria no han permitido que se concreten condiciones importantes que sean garantía para empresarios y trabajadores. ¿Cuántas empresas han periclitado en el país y han trasladado sus instalaciones a países vecinos tan sólo por carencia de garantías o por los peligros de huelgas, marchas, bloqueos y otros extremos generalmente propiciados y llevados a cabo por intereses subalternos de dirigentes demagogos del sindicalismo o intereses creados de los políticos? Responder muchas interrogantes aclararía, tal vez, el panorama vivido en décadas y muy especialmente, debido a la falta de conciencia de país y vocación de servicio que han demostrado los gobiernos. Así, de régimen en régimen gubernamental, el país ha permanecido pendiente de que, en algún momento se cumplan los buenos propósitos para que el trabajo, la disciplina, la eficiencia y la responsabilidad sean parte del diario vivir como normas de comportamiento de gobernantes y gobernados.
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