Ciertas actitudes asumidas más por dirigentes que por las mismas bases de importantes sectores sociales de nuestra comunidad, ponen en riesgo el éxito de las gestiones que desarrolla Oruro a través de su entidad cívica para hacer escuchar sus reclamos y recuperar sus derechos sobre una serie de planes que han quedado postergados, justamente por la división que alientan malos orureños.
En el último tiempo una serie de hechos causan incertidumbre en la ciudadanía debido particularmente a un silencio y particularizada tranquilidad entre las autoridades del Poder Ejecutivo que dejan pasar, sin soluciones prácticas, problemas que afectan el desarrollo de nuestro departamento.
Hay un pliego petitorio –añejo- que recoge los pedidos de hace varios años atrás y que siguen pendientes de solución, por ejemplo la conclusión del asfaltado de la carretera hacia Pisiga que se constituye en factor importante para facilitar las operaciones del Puerto Seco, proyecto que a su vez está entrabado a falta de decisiones técnicas y voluntad política que faciliten su implementación con adecuada orientación al margen de dar paso a intereses estrictamente sectarios y partidistas.
Lo que ha sucedido en los últimos días, con una displicente actitud de dos o más miembros del gabinete, en torno al avasallamiento de campesinos del Norte potosino a tierras de agricultores orureños, es realmente un hecho conflictivo que merece una solución satisfactoria y justa en tiempo inmediato dada las amenazas de enfrentamientos y la secuela de daños y perjuicios que se registrarían de acontecer más problemas.
Por lo menos en Oruro se ha mostrado la mayor y mejor predisposición para solucionar el conflicto limítrofe por la vía del diálogo, la presentación de los documentos válidos que aseguren el derecho de jurisdicción territorial y para tal objeto se ha firmado más de un compromiso que lamentablemente han sido incumplidos por los hermanos potosinos.
Frente a ese asunto especial, pero además recordando al Gobierno que hay un pliego orureño sin soluciones, es que se deciden medidas de presión que por supuesto perjudican y alteran las actividades cotidianas, pero que se hacen necesarias para motivar atención gubernamental a favor de ésta región.
Lamentablemente dos sectores en particular ponen en riesgo la unidad del movimiento departamental con argumentos que no justifican de ningún modo retacear el apoyo que necesitan las medidas cívicas. Es el caso del transporte que antepone un pasado resentimiento con la entidad cívica, la que en algún momento no habría apoyado las demandas para aumentar tarifas del sector. Nada más ruin pero que sirve para aclarar que en cualquier caso la entidad cívica defenderá los intereses de la comunidad y en ningún caso la angurria de un sector, que de todos modos debería repensar su posición en defensa de los intereses regionales. Otro tanto sucede con los gremiales que primero están tratando de limpiar la casa por dentro, sin tomar en cuenta que muchas de las soluciones del movimiento cívico les favorecerán más adelante como también a los transportistas.
Ya es tiempo que en Oruro se afirme la unidad de todas sus organizaciones para enfrentar el reto del desarrollo, exigiendo mayor atención, definiciones concretas para avanzar en objetivos muy claros por encima de las egoístas posiciones de algunos sectores que se mantienen con el aporte directo de la población que ahora está empeñada en exigir derechos y reivindicaciones fortaleciendo un movimiento de unidad en el que también deben estar todas las autoridades, los concejales y asambleístas departamentales y nacionales.
Fuente: LA PATRIA
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