A finales de octubre, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) analizará la expulsión del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, por considerarlo responsable de la brutal intervención policial a la marcha que defiende el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), el pasado 25 de septiembre en cercanías del puente San Lorenzo Yucumo.
La presidenta de la Apdhb, Yolanda Herrera, informó que las asambleas de derechos humanos de Potosí, El Alto y de Tarija, además de past presidentes y muchos otros activistas han pedido la expulsión de la ex autoridad de Gobierno.
La solicitud de estas instituciones refiere expulsarlo con ignominia (Deshonor, descrédito de quien ha perdido el respeto de los demás a causa de una acción indigna o vergonzosa).
“La petición es la expulsión de este activista a nivel institucional, porque fíjese cualquier activista que está en una función de Gobierno pide una comisión (licencia), bueno se aleja de la actividad de derechos humanos, los compañeros plantean que hay el riesgo de que siempre puedan volver activarse y en ese sentido es que el Tribunal de Ética Nacional de nuestra organización evalué el comportamiento”, manifestó Herrera a la ANF.
Sacha Llorenti, quien fue defensor de los derechos humanos y Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Ministro de Gobierno desde enero del 2010, presentó sorpresivamente su renuncia el 27 de septiembre y aseguró que se defenderá de cualquier acusación.
Desde que Llorenti asumió el cargo de Ministro de Gobierno, se registraron hechos violentos, en el caso Caranavi, donde se produjeron 2 muertos; los excesos en la Apacheta con personas heridas; el caso Uncía, la muerte de 4 policías por comunarios de esa localidad, e irregularidades con miembros de la institución policial, como el caso de René Sanabria implicado en asuntos de narcotráfico, entre otros.
El Ministerio Público de La Paz confirmó que ya se iniciaron las investigaciones contra el ex ministro de Gobierno, y los jefes policiales que participaron de la violenta intervención policial de Yucumo. La denuncia es por los delitos de genocidio, privación de libertad, desaparición forzosa de personas, vejaciones y torturas durante el operativo policial.
Para el defensor del pueblo, Rolando Villena, es muy adelantado asegurar que el ex ministro deje de ser un defensor de los derechos humanos, por lo que prefiere esperar a las investigaciones que realiza el Ministerio Público, para encontrar a los autores intelectuales y materiales de la intervención policial en Yucumo.
Sacha Llorenti “ha sido defensor de los derechos humanos nada más que eso, pero mientras no se conozca la decisión de la justicia no se puede adelantar ningún juicio ni mucho menos, mantengamos la calma, la serenidad”, a la espera del “resultado de esta investigación que inició el Ministerio Público”, dijo Villena a la ANF.
El Tribunal de Ética de la Apdhb podría reunirse a finales de octubre y de aceptarse la petición de expulsión se lo hará conocer a nivel interno de sus miembros y si la importancia lo amerita será de conocimiento público.
“Ésa es una resolución que se va a emitir a través del Tribunal de Ética Nacional y eso lo haremos conocer a nivel interno de nuestra organización y a nivel público si es que lo amerita, son past presidentes quienes evalúan, entonces es una instancia que vigila nuestro accionar para que estemos apegados al estatuto, a la misión, a la visión y a un comportamiento ético como defensores de derechos humanos de la sociedad civil”, concluyó Herrera.
Fuente: La Paz, 23 (ANF).-
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