Desde el domingo de elecciones y luego de que casi todos los tribunales electorales del país han cumplido con la fase de contar los votos emitidos por algo más de cinco millones de ciudadanos, los resultados iniciales no han tenido variables sustanciales en la proporción final de los votos válidos, los nulos y los blancos, estos dos últimos que sumados han sobrepasado a los primeros y con cuyo resultado supuestamente se legalizará la designación de magistrados judiciales.
Por supuesto que en los días transcurridos de escrutinio muchos han sido los comentarios de diversa índole y procedencia en torno a las elecciones judiciales, mostrando facetas muy definidas, como las que provienen del sector oficial y justifican la poca cantidad de votos válidos argumentando que hubo falta de información y divulgación sobre el modo de votar y las condiciones más próximas a los valores profesionales de los candidatos, puede ser un elemento.
Otras posiciones que emergen de sectores profesionales, políticos, laborales y de la ciudadanía común señalan que los resultados de la elección se convierten en una respuesta contundente de la población a las acciones del Gobierno que tuvo tropiezos muy serios que influyeron poderosamente en el criterio de la ciudadanía.
Es el comienzo del proceso de elección de candidatos por mayoría de votos en la Asamblea Legislativa, lo que se calificó como una preselección que ya no deja alternativas de ninguna elección democrática y libre. Los candidatos ya estaban marcados y sólo era cuestión de seleccionar algunos, que en realidad fue lo que sucedió el pasado domingo.
La otra cuestión que también tiene contenido de fondo es el rechazo de la ciudadanía a ciertas actitudes autoritarias, incluyendo la bronca por la acción policial contra los indígenas del Tipnis y la soberbia para forzar que se cumpla el recorrido de más de 600 kilómetros en más de dos meses y en condiciones muy adversas para la condición de hombres, mujeres y niños que defendían la propiedad natural de su hábitat.
Bajo esas condiciones era previsible el resultado electoral y se anticipó que existiría rechazo ciudadano, sucedió lo expuesto y aunque en el nivel oficial se perfilaba un nuevo triunfo electoral las cosas cambiaron de manera total y los porcentajes son muy claros.
Ahora está en juego la legitimidad de los votos, los que más suman representa la voluntad popular que en este caso se convierte en rechazo de los candidatos que todos juntos obtuvieron un menor porcentaje a los nulos y a los blancos que igualmente son muestras de rechazo.
El futuro de la justicia es incierto. Hay una corriente –legal– que plantea la anulación de las elecciones y evitar la posesión de autoridades que por la cantidad de votos que tienen carecen de respaldo popular. Administrar la justicia a favor del pueblo no es cuestión de entusiasmo y voluntad política, es sobre todo responsabilidad y capacidad, pero además respeto a la comunidad
La idea de que el pueblo elija a los altos magistrados puede ser buena, pero siempre y cuando los candidatos sientan una real protección de su independencia y además sean favorecidos con el apoyo de un electorado plenamente consciente de su deber electivo.
Fuente: LA PATRIA
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