La innegable derrota que ha sufrido el partido gobernante en las elecciones judiciales es un claro reflejo de la opinión popular frente a una serie de hechos que en los últimos días sacudió justamente la conciencia ciudadana que de manera muy clara se desquitó en las urnas, lo que representa una posición de absoluta legalidad, pero sobre todo de plena legitimidad.
El Gobierno y sus aliados están en una posición de análisis profundo de la situación y lo que sale a relucir con mucha claridad a través de los portavoces es que si bien reconocen que se rompió la cadena de los triunfos electorales la culpa la tiene el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que realizó una pésima estrategia de información, con lo cual además coinciden ministros, autoridades de la Asamblea Legislativa, movimientos sociales y otras instancias partidarias que critican la información preparada y dispuesta desde el órgano electoral, considerando que no se justifica ni siquiera el abultado presupuesto que se destinó para hacer conocer a los candidatos a través de ciertos medios de comunicación del nivel estatal y otros privados.
Los votos válidos cayeron en significativo porcentaje mientras que los nulos sumaron cifras contundentes, debiendo sumarse los votos blancos que mostraron el rechazo ciudadano a un proceso de cambio que todavía no se da, pese a los esfuerzos denodados del Gobierno para cambiar su estrategia de trabajo en beneficio de la colectividad.
Lo que hay que entender del último proceso electoral es que ya venía con su falla “original” que alteraba los derechos ciudadanos, desde la contradictoria posición de restringir el trabajo periodístico para que la ciudadanía pueda estar plenamente informada sobre tan importante proceso, pero además por las limitaciones específicas marcadas en las reglas de juego para que una buena cantidad de candidatos puedan promocionarse libremente.
El otro “pecadillo” como lo califican algunos analistas está relacionado con el procedimiento selectivo de los candidatos gracias a la mayoría legislativa en la Asamblea, lo que predeterminó la participación de los candidatos, aunque ahora se señale que no hubieron candidatos oficiales los hechos dicen todo lo contrario y las pruebas fueron exhibidas abiertamente.
Lo que viene de aquí adelante es lo que realmente preocupa, pues con los resultados que ya se conocen y que tendrán mininas variables en cuanto a los votos que supuestamente validarán la designación de autoridades judiciales es el verdadero sentido que debe darse a la globalidad del acto electoral, eso significa que todos los votos tienen su lugar porcentual, porque eso dice la legalidad emergente del respeto a la democracia en sí. Es decir que si la mayoría ciudadana, votó nulo y blanco por encima de los válidos, lo correcto es que tal porcentaje refleja la voluntad popular, que en este caso invalidaría la menor votación a favor de algunos candidatos.
Según las autoridades oficiales, del gobierno y las del TSE, se completará el proceso de escrutinio y se dispondrá el reconocimiento de los elegidos aunque sus votos logrados fuesen de mínimo porcentaje, esto quiere decir que el resultado se considera legal, pero para la comunidad esos resultados no tienen legitimidad y eso es propiamente un tácito desconocimiento a la más alta investidura del Poder Judicial de la Nación.
Fuente: LA PATRIA
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