Al haberse difundido ampliamente la posición gubernamental de encarar con urgencia el tratamiento de una “agenda social” y que por lo menos en la nueva intención gubernamental representaría emprender un trabajo priorizando las necesidades del país y optimizando los recursos económicos del Estado, los primeros en reaccionar fueron los dirigentes del empresariado privado, que no ocultaron su satisfacción por el “cambio de timón” en el programa estatal.
Claro está que como administradores de capitales privados y frente a las circunstancias de incertidumbre por una serie de hechos sociales que todavía alteran las actividades regulares, los empresarios hicieron conocer sus puntos de vista, reiterando anteriores planteamientos en los que se exigen plenas seguridades para realizar más inversiones.
De ese modo los empresarios privados condicionan sus planes de inversión a la aprobación de leyes adecuadas que garanticen el aporte de capitales en base a leyes justas, equitativas y de seguridad jurídica plena para concretar nuevos planes productivos, que además reciban incentivos y en ningún caso mayores cargas tributarias o condiciones irregulares que ahuyenten a los inversionistas en lugar de atraerlos en un caso y de mantenerlos con buenos alicientes, en el otro extremo.
Actualmente se espera la aprobación de varias leyes, precisamente las que tienen que ver con el sistema productivo nacional y que sólo puede activarse si existen adecuadas condiciones para su ejecución es el caso de las normas de electricidad, de inversiones, de las exportaciones y la nueva ley minera, todas afines al desarrollo del sector privado y también del Estado.
El caso de las inversiones en minería son necesarias y para impulsar una serie de emprendimientos desde los chicos, pasando por los medianos y hasta los mega proyectos; es urgente contar con claras reglas de juego que garanticen las inversiones en curso de ejecución, pero fundamentalmente las que deben concretarse para ejecutar por ejemplo el desarrollo de la industria del litio, el hierro y las industrias poli metálicas de la metalurgia y la siderurgia, ésta última inclusive con una urgente definición que tiene que ver con el adecuado suministro de gas, que igualmente exige una millonaria inversión.
En los otros rubros hay varios proyectos “en puerta” que están esperando tan sólo las definiciones oficiales desde la superioridad gubernamental, que de veras puedan cambiar el cuadro estatizado y estático de la economía que estuvo dando mayor valor a la actividad política, que menos mal, según lo ha dicho el mandatario corresponde a una agenda que se acaba.
No se puede desconocer las inversiones del sector privado que han ido en ascenso en los últimos años, inclusive superando a las cifras de la inversión extranjera directa y que sólo como referencia en la presente gestión 2011 pueden superar los 1.200 millones de dólares.
Lo importante es que además de la promesa de un cambio de la agenda política por otra de desarrollo nacional, el Gobierno debe establecer todas las condiciones necesarias para revertir el ambiente adverso que todavía existe hacia las inversiones y que sólo pueden lograrse con leyes prácticas y adecuadas reglas de juego que las aseguren e incentiven.
Fuente: LA PATRIA
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