El Parlamento de Bolivia, que se remonta en sus actos, debates, deliberaciones magníficas a tiempos anteriores al nacimiento de la República y que por ende, se puede decir que es “mayor” a ella, ha realizado dignos hechos que dirimieron con no poca sabiduría e intuición situaciones complejas e intrincadas que vivió la Nación. Baste mencionar que en la duodécima sesión de la Asamblea de Diputados de 1825 y como consecuencia de las anteriores, la Cámara declarara la Independencia de la República.
No fue, empero, el único hecho decisivo que el hemiciclo afrontó, varios, y muchos detallados en los anales del Parlamento, dieron también caminos de luz, libertad y prosperidad a la Nación ante la ley conculcada ó las tropelías de la soldadesca y del “caudillo”.
Preciso es recordar, por ejemplo, la ley que declaraba nulos los actos del “crápula” (como lo nombra el ensayista Mariano Baptista) Melgarejo, emanada por la Asamblea de 1871 y que tan sencillamente en su artículo 2°, decreta: “La Nación no acepta los actos de la usurpación” y cuando también, mediante la potestad legislativa que tiene el Parlamento, devolvióse las tierras a los indígenas desposeídos de sus parcelas, y otras rectificaciones al despotismo del sexenio.
Cierto que no es ahora, la Asamblea de años pretéritos, con mucho. Como tampoco es mentira, en cierto sentido, la expresión casi desesperada del historiador Moisés Alcázar, cuando sentenciaba “¡Todo tiempo pasado fue mejor!” En este caso cabe precisar, que en cuanto al ejercicio de los escaños, ¡todo tiempo pasado fue mejor!
La Asamblea de Diputados y Senadores tiene toda potestad filosófica, histórica, política y constitucional de intervenir decidida y directamente en los conflictos menores, como mayores y más intrincados del país. Es no ya únicamente derecho suyo, sino que es obligación, deber. De otro modo su existencia no es justificada. Su sueldo, tampoco.
El Parlamento ha sido realizado para deliberar, en cualquier circunstancia, ya tranquila, ya gravísima, la cuestión nacional, los negocios públicos, los actos administrativos. Para que así se prescinda del caos, de la tropelía soldadesca, de la perturbación al orden público.
El hemiciclo con su diseño magnífico, cual arena de combate, está hecho para ello, para ese deber del ciudadano político se ha constituido, pues, la Asamblea. Entonces los demás ciudadanos, los niños y niñas que están en la marcha por el Tipnis desgastándose y desmedrando la estabilidad nacional, además de exponerse a represiones ya verificadas, deberían estar en sus ocupaciones cotidianas, en lo que es su competencia, que la de la cosa pública tiene sus autoridades. Aunque por de pronto no se las sienta.
El asunto es grave y toca también al presupuesto de la Nación. Es fama que todo Poder Legislativo debe conocer lo relativo al erario nacional, al patrimonio crematístico del país. Como es conocido que la Asamblea debe aprobar o rechazar los empréstitos a que haya de acceder el Estado, sus motivos; si son correctamente fundados o no –en este caso debíase analizar el impacto ambiental, ya que a la mayoría oficialista, huelga hablarle de metafísica kolla o de la teogonía andina−. Limítanse a repetir el lugar común de “madre tierra” sin comprender una vírgula de lo que la “Jacha-Pachamama” significa.
El problema no es sólo del Ejecutivo, antes bien, correcto es interpelar al Parlamento boliviano de 2011 por su presencia famélica a la hora de los conflictos nacionales.
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.