El control del poder y de los poderes del Estado está consumado

La elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura consumó ayer el control pleno de los poderes del Estado a favor del Gobierno, puesto que lo único que faltaba era “administrar” el Poder Judicial, acción directa que se dio a través del voto ciudadano, convalidando la inédita elección de autoridades judiciales.

Así desde el año 2005, que fue elegido presidente Juan Evo Morales, los bolivianos acudimos cada año a las urnas y se estima que debían emitir su voto 5,2 millones de ciudadanos, para elegir a los magistrados que serán los directos encargados de administrar justicia. Empero las denuncias de la oposición y la forma de la elección con restricciones de difusión, no permitió conocer el perfil de los candidatos, monopolizando una millonaria “campaña de concientización” por parte del Órgano Nacional Electoral y motivó también ausentismo de los electores.

Se cuestionó la parcializada designación de los candidatos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, con claras muestras de una actitud partidaria antes que el cuidado y el perfeccionamiento del proceso democrático, aplicando restricciones al trabajo de los periodistas y los medios de comunicación, con el propósito de evitar críticas y que además denuncien la manipulación en el proceso de selección donde no primó la idoneidad y excelencia profesional que deberían tener los postulantes.

Los ciudadanos que acudieron a las urnas expresaron su rechazo a la forma de elección, porque no existió el control ciudadano y lo que es más se permitió incluso que algunos de los candidatos continúen haciendo campaña para conseguir los votos de los indecisos; cuestionaron la falta de información y ausencia de las entrevistas y otros análisis que realizan en los medios de comunicación para conocer a que autoridad se elige y quienes merecen tener el voto ciudadano. En el área rural no existió ningún sistema de control y el voto dirigido fue pleno.

El voto consciente de la población buscó preservar la vida democrática asumiendo defensa atiborrada para lograr el respeto de los derechos ciudadanos como la libre expresión y el derecho a disentir, sin que esa posición signifique una actitud de oposición o contraria al Gobierno, con las consecuencias negativas que ello supone en el actual régimen que pretende judicializar la política.

La elección se cumplió pese a denuncias de irregularidades en el Tribunal Departamental Electoral de Oruro (TDEO), donde los cinco vocales fueron suspendidos, tras la intervención ejercida por decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, que no supo mantener su independencia política partidaria, porque su presidente no ha desmentido las denuncias de su militancia en el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), hecho que confirma que este poder también está bajo control del Gobierno.

La reincorporación de sólo tres vocales del TDEO, luego de la destitución de otras dos, entre ellas la vocal designada por el presidente Evo Morales, quien precisamente denunció actos irregulares cometidos por un funcionario subalterno (operador político del MAS) para modificar la designación de notarios electorales, plantea serias interrogantes puesto que hasta ahora tampoco se identificó a los responsables de la falsificación de papeletas electorales el año 2009, cuando la Corte Departamental Electoral distribuyó papeletas escaneadas e impresas en los recintos de las unidades educativas “Misael Pacheco Loma”, “Ángeles de María Ignacia” y “Alto Oruro”, durante la votación del 6 de diciembre, habiéndose denunciado la comisión de varios delitos penales que no fueron sancionados.

Nuevamente queda en duda la actuación de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, porque fue su presidente quien aseguró el triunfo de los candidatos del Gobierno para los más altos cargos del Poder Judicial, hecho que ha sido denunciado por los medios de comunicación para mostrar su parcialidad, falta de credibilidad y legitimidad, además de denunciar las restricciones a la libertad de expresión, lo cual constituye un flagrante atentado al derecho y la vida democrática de los bolivianos.

Este proceso inédito en Bolivia y el mundo quedará inscrito entre la incertidumbre y la manipulación política, puesto que una ley ambigua permitió que se cometan arbitrariedades y discrecionalidad excesiva por parte de las autoridades encargadas de hacer respetar los derechos de los ciudadanos, desconociendo la propia normativa electoral y poniendo atajo a un correcto manejo de la información por los medios de comunicación, con el único propósito de alcanzar el control del poder, para tener el poder total como una consigna partidaria que permita una prolongada administración del gobierno, lejos de mantener y preservar la vida democrática y respetar los derechos y libertades de los bolivianos. Ojalá siempre prime la razón antes que la fuerza.

(*) Periodista