Denuncian delitos de COR alteña contra la Libertad de Expresión
15 oct 2011
Fuente: La Paz, 14, LA PATRIA
Grupos identificados como afiliados a la Central Obrera Regional, (COR), de El Alto, intentaron ayer allanar con violencia las instalaciones del canal 57 CVC, del padre Sebastián Obermaier en la zona de Villa Adela, pero los vecinos del lugar defendieron el predio, según periodistas de ese medio de comunicación.
La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), rechazó esos atentados contra la Libertad de Prensa y de trabajo con un comunicado que textualmente dice:
“Ante las denuncias de la amenaza pública de la Central Obrera Regional, COR, que anunció la ‘toma’ de medios de comunicación de El Alto, la Asociación de Periodistas de La Paz, recuerda a esa institución sindical, a las fuerzas vivas de esa ciudad y a la opinión pública que ese tipo de acciones que atentan contra la Libertad de Expresión y de Prensa constituyen violaciones a la Constitución Política del Estado y se adecuan a tipos penales que merecen sanción con cárcel.
El artículo 106 de la Ley de Leyes establece textualmente que “el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información” de bolivianas y bolivianos.
El parágrafo III del mismo artículo determina que “el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”, según la APLP.
Quienes usan la representatividad legítima de los trabajadores para lanzar y pretender perpetrar ese tipo de amenazas incurren en el tipo de “delitos contra la libertad de prensa” descrito en el artículo 296 del Código Penal en los siguientes términos: “Será sancionado con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a doscientos días, el que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier otro impreso”, advirtieron los periodistas.
La COR como institución de protección de los derechos de los trabajadores debería recordar que el artículo 303 de “atentados contra la libertad de trabajo” en la misma norma punitiva determina la sanción con reclusión de uno a tres años al “que impidiere, obstaculizare o restringiere la libertad de trabajo, profesión u oficio, comercio o industria” de cualquier ciudadano, dice el comunicado.
Los periodistas de los medios amenazados y hostigados son trabajadores de la prensa que como cualquier otro ciudadano tienen derecho a trabajar y expresarse libremente.
La APLP exige al gobierno del presidente Evo Morales hacer cumplir la Constitución y procesar a los responsables de estos atentados contra el Estado de Derecho en vísperas de las elecciones judiciales del domingo 16.
Fuente: La Paz, 14, LA PATRIA
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