29 años de democracia y usufructúo del poder

La larga lucha por la defensa de los derechos y libertades ciudadanas, la preservación de la vida democrática y el irrenunciable derecho a la libre expresión, consagrados y reconocidos por las constituciones en todos los países del mundo -excepto los totalitarios- nos obliga hoy a reflexionar sobre el actuar de nuestras autoridades, para saber si vivimos una auténtica libertad y si respetan nuestros derechos constitucionales.

Desde el 10 de octubre de 1982 han transcurrido 29 años, cuando el entonces presidente constitucional de la República de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, asumió el mando de la Nación, tras derrotar en las urnas a los gobiernos de facto, dejando atrás el septenio banzerista y el autoritario gobierno de García Meza, además de otros regímenes militares que conculcaron los derechos y libertades ciudadanas de los bolivianos.

Este conflicto exige una urgente definición del jefe de Estado Plurinacional, Juan Evo Morales Ayma, cuando se plantea el dilema de defender la Pachamama o Madre Tierra respetando el derecho de los pueblos indígenas, su cultura y su territorio o por el contrario, asumir defensa de la producción de la hoja de coca para conculcar derechos de las comunidades originarias del Tipnis.

Así la realidad que vivimos al conmemorar 29 años de vida democrática ininterrumpida, con sobresaltos, sinsabores, enfrentamientos y hasta amago de clausura del Parlamento Nacional, tras la renuncia de dos presidentes que fueron sucedidos por el Presidente del máximo tribunal de justicia de la Nación, nos muestra hoy que las diferencias no se acaban y el usufructúo del poder está vigente, más aún cuando las autoridades se ufanan en atacar a los gobiernos autoritarios cometiendo los mismos errores y conculcando los derechos que ellos mismos demandaban.

La coyuntura deja al descubierto que la defensa de la auténtica libertad de las comunidades indígenas originarias campesinas y su derecho a decidir sobre su tierra y territorio, que reconoce el artículo 388 de la Constitución Política del Estado, cuestionando el respeto a la libertad que otorga cualquier autoridad social o de gobierno, más aún si se trata de un gobierno ejercido por una mayoría que pretende subordinar el derecho de una minoría de gobernados, como ocurre en el Tipnis, viola lo establecido por el artículo 35 título III que señala: “El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley”,

No respetar la decisión de las comunidades indígenas al pretender construir una carretera por medio del territorio indígena y el parque Tipnis resulta ser una agresión directa a los dueños del territorio y de esas tierras, con los consiguientes daños al ecosistema y al bosque del parque nacional, declarado reserva natural por su variada y valiosa diversidad, donde existen especies de flora y fauna, únicas en el mundo.

Por ningún motivo se puede ignorar que hay 34 pueblos indígenas que rechazan la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, comunidades originarias del parque Isiboro Sécure que a reeditaron la histórica marcha del año 1990, hace 21 años cuando su movilización llegó a La Paz sorteando una serie de contratiempos incluso climáticos, para arrancar del gobierno el Decreto Supremo 22610 que reconoce sus derechos, ahora escritos en la Constitución Política del Estado Plurinacional.

Esperemos que la actitud de las autoridades nacionales cambie y no se llenen la boca de discursos rimbombantes que pretenden hacer creer a los bolivianos que ellos fueron los artífices de la vida democrática, cuando en justicia y verdad ese rol fue desempeñado por la Iglesia Católica y los periodistas bolivianos, quienes por muchos años enfrentan a los regímenes dictatoriales, como lo hacen con la actual administración de gobierno que aplica la “democracia del silencio” para evitar observaciones y críticas al manejo discrecional y arbitrario del Estado que genera más perjuicio que beneficios para la mayoría de los ciudadanos.

Luchar por la defensa de los derechos y libertades en un proceso democrático resulta ser una norma ética que no la pueden ejercer quienes no tienen moral, para hablar en nombre de la libertad ni de los derechos consagrados de un valeroso pueblo que afronta con estoicismo la larga lucha de construcción y preservación de la libre expresión y el derecho a disentir, pilares fundamentales de nuestra democracia, junto a la justicia que ahora también está cuestionada por la aprobación de normas “únicas” que conculcan la libre prensa y el derecho que tiene el pueblo a estar veraz y oportunamente informado. Ojalá la recordación de la recuperación de 29 años de democracia permita a nuestros gobernantes darse un bañito de humildad para “gobernar obedeciendo al pueblo”.

(*) Periodista