Por la serie de acusaciones, denuncias, rechazos, aclaraciones, negativas y variadas explicaciones por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, se puede inferir que hay una deliberada posición de mantener en reserva un informe definitivo y concreto que muestre al o los culpables de la agresión policial que se produjo un domingo atrás contra los indígenas del Tipnis.
Una voz oficial, la segunda en la jerarquía nacional, señala con algo de sorna que “el gobierno conoce quién fue el que dio la orden para la intervención policial a la marcha en defensa del Tipnis, pero espera que sea la comisión de alto nivel la que dé a conocer el nombre de ese responsable”. Y el secreto continuará guardado no se sabe por cuánto tiempo más.
En niveles de Gobierno… “Nosotros ya sabemos lo que ha sucedido, ya tenemos, internamente (…)” se supone el resultado de las averiguaciones que se han realizado y seguramente con identificación y todo, pero todo seguirá bajo silencio en tanto los comisionados para investigar por cuenta propia determinen quién fue culpable de dar la orden de intervención policial.
Lo evidente es que los policías fueron enviados a Yucumo para cuidar la seguridad ciudadana, para evitar enfrentamientos entre indígenas y colonos, para evitar atentados contra los derechos de las personas y hacer respetar las libertades de la gente, esa era la misión que fue cambiando paulatinamente con ciertas actitudes de los guardianes del orden que finalmente y cuando menos se esperaba, arremetieron contra los indígenas del Tipnis que descansaban y se aprestaban a alimentarse de la olla común.
Todo sucedió de acuerdo a una instrucción que llegó de algún lado y que se cumplió severamente contra los indefensos marchistas, el caos, la violencia, la pérdida de personas, niños sin sus madres, muchos detenidos y en ese ajetreo la destrucción de enseres, carpas y la pérdida de alimentos y agua.
Según los parlamentarios de la oposición es lamentable que conociéndose de dónde salió la orden, quién fue el responsable de la misma y cómo se la ejecutó, en perjuicio de los ciudadanos del Tipnis, se mantenga en secreto datos tan importantes que podrían abreviar la investigación y limpiar cuanto antes un problema que está deteriorando la imagen de la institución estatal.
Hay que recordar que actitudes como la que de manera oficial desarrolla el Gobierno se tipifica como delito de encubrimiento y se estima que en los niveles oficiales, esto es lo menos que podría ocurrir tratándose de limpiar un hecho que por sus connotaciones aún sigue siendo la parte más grave de lo ocurrido en contra de los indígenas del Tipnis que ahora se reorganizan para seguir su marcha hasta La Paz.
Pero en este trajín de hechos, hay otro que no ha podido guardarse en secreto y es que los policías que cumplieron alguna orden se sienten molestos porque aparecen como culpables, no reciben la atención adecuada para desarrollar su misión lejos de su hábitat conocido, están soportando algunos problemas de salud, incomodidad y hasta falta –irónicamente– de seguridad.
El asunto pasa de aquí para allá, unos investigan mientras los otros ya tienen toda la respuesta con resultados e identificación incluida, pero guardarán su secreto, se detectan irregularidades en el proyecto de la carretera por el Tipnis y se abre otro factor irregular en el mismo tema… mientras tanto como en el juego de chicos y chicas, sólo nos queda preguntarnos: ¿entonces quién la tiene?
Fuente: LA PATRIA
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