Lunes 26 de septiembre de 2011
ver hoy
El conflicto sobre el Tipnis dio un giro inesperado, ya que Bolivia y el mundo están expectantes sobre el desenlace de la marcha indígena efectuada en defensa del mismo, la cual debería haber llegado a la ciudad de La Paz, pero el accionar del Gobierno lo impidió y la marcha fue intervenida con brutalidad y violencia, al extremo que no se puede ocultar la indignación que eso llega a causar.
A diferencia de otras épocas, hoy nos encontramos -supuestamente- en el marco de un nuevo Estado “Plurinacional”, producto de una nueva Constitución Política que reconoce a lo largo y ancho de su texto derechos para los indígenas y originarios, en donde se tiene a un Gobierno Nacional de ascendencia y con sustento indígena, que no está actuando en el marco de dicho Estado Plurinacional, puesto que no es consecuente con lo enmarcado en el texto constitucional ni con los discursos que se manejan.
En el marco de la CPE vigente, toda protesta es válida, mientras no se altere el orden público; existe libertad de locomoción y de libre tránsito por todo el territorio nacional; existe libertad de expresión; tenemos derecho a no sufrir discriminación o maltrato alguno; derecho a ser escuchados por las autoridades; derecho al acceso al agua y a la alimentación; derecho a la petición y a la respuesta formal y pronta por parte de los gobernantes y, en fin, tenemos una amplia gama de derechos que no están siendo respetados por parte de las autoridades nacionales, por lo que la marcha indígena del Tipnis es el mejor ejemplo de que se beneficia a los sectores allegados al Gobierno siempre y cuando no efectúen protesta alguna. Las normas establecen beneficios para los gobernados, pero los gobernantes no quieren cumplir con las leyes, aspecto que se viene repitiendo a lo largo y ancho de la historia nacional.
