Indígenas sin derecho a la consulta pero dignos

Los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) perderán su derecho a la consulta pero no su dignidad, como afirmaron sus dirigentes tras la violenta intervención policial, al puro estilo de los gobiernos “neoliberales” y de facto que imponían “su autoridad” por la fuerza antes que la razón. Así la marcha indígena que realizaban por más de 30 días en defensa de su tierra y territorio fue interrumpida ayer en el puente San Lorenzo, comunidad próxima a Yucumo.

En la acción emprendida por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia no primó el respeto a los indígenas, considerados base fundamental del modelo nacionalista anticolonial según la nueva Constitución y más bien, se aplicó una lógica económica al más puro estilo neoliberal, donde la relación de Estado-Sociedad sufre un constante y permanente deterioro por la vulneración de los derechos sociales y la vigencia de un régimen autoritario y soberbio.

El Gobierno “defensor de los derechos indígenas, de la vida democrática y en abierta lucha contra la corrupción”, ahora enfrenta el mayor desencanto que divide al pueblo, por no atender a los pobladores del Tipnis, quienes piden respeto a su derecho a la consulta para la construcción de una vía carretera, proyecto vial que se ejecuta en su primer y tercer tramo, siendo rechazado el segundo tramo porque atraviesa por medio de la reserva ecológica y parque natural donde hay especies forestales aún no descubiertas y animales exóticos que son únicos en el mundo.

Así la VIII Marcha Indígena, luego de ser reprimida ayer por organismos de seguridad del Estado Plurinacional, sufre una arremetida similar a la acción militar desplegada en 1986 en Calamarca contra la Marcha por la Vida, cuando un cerco militar sepultó la resistencia minera y popular al Decreto Supremo 21060 y la relocalización, que resultó ser un eufemismo cruel para despedir a más de 20 mil mineros que salieron a las calles para engrosar las filas del comercio y transporte, dejando atrás la columna vertebral del viejo esquema de organización de las luchas sociales y poder dual que surgió de la Revolución Nacional en 1952.

Luego de varios años en 1990 el derecho a la protesta fue reivindicado por los indígenas de Tierras Bajas, cuando caminaron desde Oriente hasta La Paz, ciudad Sede de Gobierno, reclamando el reconocimiento de 36 naciones originarias y los derechos de los pueblos indígenas, discurso que utilizó Evo Morales para llegar al poder, resultado de marchas y movilizaciones que obligaron a dimitir a Gonzalo Sánchez de Lozada , y dejar el mando al vicepresidente Carlos Mesa, para luego conseguir con otro presidente designado por el Congreso Nacional, Eduardo Rodríguez Veltzé, el adelanto de las elecciones generales para diciembre de 2005, donde resulto elegido por mayoría Evo Morales, líder indígena y presidente de las seis federaciones cocaleras que reconoce a los colonos y no a los indígenas del Tipnis.

Para muestra basta un botón, dice el adagio popular y ahora debemos recordar que el conflicto del Tipnis tocó fondo cuando el presidente Evo Morales, sugirió a sus bases cocaleras ir a enamorar a las mujeres yuracarés para tener el control del Tipnis. Eso no ocurrió y las aguerridas mujeres desafiaron al Primer Mandatario a constituirse en la zona de conflicto, pedido que no fue atendido quizá por temor a la bronca manifiesta de las mujeres indígenas por el mal trato de Morales, quien melló su dignidad que la defienden junto a sus comunidades a pesar de no tener reconocido su derecho a la consulta, por los desvaríos del Gobierno “Plurinacional”, que deja atrás el discurso indigenista, puesto que Evo Morales es cocalero no indígena, pese a ser firme impulsor para la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el foro de las Naciones Unidas, siendo Bolivia el único país que ratificó como ley nacional, que no se cumple al igual que los preceptos de la nueva Constitución demostrando que no se puede cerrar el capítulo de la historia colonial de Bolivia por decreto o un discurso, ni siquiera con un nuevo texto constitucional. Ojalá el Gobierno recupere la línea del cambio propuesto y no se deje “avasallar” por la negligencia de sus autoridades.

(*) Periodista