En nuestro país, como en muchos otros, innegable y obligadamente han habido y hay partidas que se manejan para cubrir “gastos extraordinarios” de todas las autoridades superiores pues tales fondos sirven, como dicen los políticos al justificar su uso, para “casos de emergencia”, aunque de manera general se evita la especificación concreta de los mismos.
Los anteriores gobiernos democráticos, con mayor razón los que asumieron el poder por la fuerza, tenían una cuenta especial de “gastos reservados” y en la actualidad se menciona que “alguna partida debe existir” para justificar una serie de gastos que no pasarán por la estricta rendición de cuentas pero que…finalmente se considerarán posiblemente como “deudas contraídas por el Estado” y por tanto con la obligatoriedad de pagarlas.
Las complicadas tareas de administrar los recursos del Estado cuando se trata de los fondos del TGN, siempre encontrarán un cauce que con especial denominativo permitirá la fluidez de recursos para cubrir esos gastos de emergencia y de seguridad del Estado. En la misma estructura descendente en el sistema de gobernabilidad se cuentan las “gobernaciones y los gobiernos municipales”, donde igualmente tienen que programarse “ciertos recursos” para facilitar algunas gestiones que no pueden esperar trámites engorrosos y de orden burocrático para su utilización emergente.
Lo que ha causado preocupación y por supuesto más de un dolor de cabeza es la justificación del uso de tales recursos, ya que en la mayoría de los casos han servido para costear acciones de represión, persecución política, adquisiciones irregulares de ciertos bienes que no han servido para incrementar el patrimonio estatal nacional o departamental, sino más bien favorecieron a ciertas formas de enriquecimiento ilícito, y naturalmente justificar tales acciones es poco menos que imposible, pues tarde o temprano lo irregular aflora en los “teje menejes” de la política .
Hay una serie de hechos que demuestran el uso discrecional de los fondos públicos, por decirlo de una manera genérica en referencia a los dineros que de uno u otro modo son del pueblo y deben servir para su beneficio, traducido naturalmente en obras comunitarias que hagan más llevadera la vida en las comunidades y en las familias, por tanto los recursos que ingresan por diferentes canales al Erario Nacional y se “asientan” en diferentes cuentas, necesitan obligadamente de un control estricto, tanto cuando ingresan como cuando salen, con especificaciones precisas de origen y destino, que puede controlarse estrictamente, si se practica la recomendación de “administrar con transparencia los dineros del pueblo”.
Ahí está el detalle de este sistema de cuentas oficiales que en algún “pliegue” de las finanzas públicas elude la responsabilidad de efectuar el seguimiento legal al uso de ciertos ítems, que en verdad solucionan factores de emergencia que deberían tener estrictamente tal carácter y sin prolongarse indebidamente como sucede, tal parece por la fácil costumbre de eliminar trámites y contar con los recursos cuando se los necesita.
Lo que corresponde entonces, inclusive en las emergencias, es efectuar desde la superioridad un estricto seguimiento del uso de recursos públicos tomando en cuenta que por los cambios naturales de la política, más tarde o más temprano, los que vengan luego estarán buscando “las cuentas reservadas” para mimetizarlas en un colorido y nuevo esquema político partidista.
Se llamen como se llamen las cuentas, el pueblo debe saber de los gastos reservados.
Fuente: LA PATRIA
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