De la distorsión de la democracia al abuso del poder

La “democracia participativa” que en Bolivia tuvo un costo social muy alto en los últimos años de su vigencia, enfrenta hoy un abierto proceso de sistemática distorsión y desproporcionado “abuso de poder” que conduce a sus protagonistas a la práctica del avasallamiento y total desconocimiento de la economía jurídica que rige por imperio de la nueva Constitución Política del Estado, contrarios a las aspiraciones que el pueblo había propuesto durante las intensas jornadas de “Octubre Negro” de 2003 y que, como todos sabemos, al menos 70 personas ofrendaron sus vidas.

La historia nos muestra que tanto la “democracia representativa”, como la “democracia pactada“, tuvieron sus limitaciones muy evidentes que derivaron en dos etapas de profunda crisis de Estado y que, al final, terminaron en un drástico como dramático “corte constitucional” para dar paso a una inevitable sucesión presidencial, para no terminar con el sistema, ni generar un régimen de corte dictatorial para “frenar los excesos” y erradicar la acción democrática de la población en general.

Este escenario no sólo ha sido creado contra los marchistas de los pueblos indígenas del territorio del Parque Isiboro - Sécure, sino contra todas aquellas instituciones civiles y políticas que, en su momento, demandaron y aún demandan transparencia, imparcialidad y mayor coherencia institucional y legal, en el proceso de organización de las futuras elecciones de autoridades judiciales.

Se menciona con persistencia que el “ejercicio del poder, demanda serenidad, tolerancia, imparcialidad y respeto a las personas y a las leyes”. Nada de esto se está cumpliendo en el Tribunal Supremo Electoral, cuyo rango constitucional es de un “Poder del Estado” y no una dependencia del ejecutivo.

Entre estos “juegos políticos”, está la amenaza que se “cierne contra la ciudad de La Paz”, cuya población de un millón de habitantes se enfrenta a tres alcaldes y sus correspondientes “dirigentes de organizaciones” o, también denominados, de “movimientos sociales” del Movimiento al Socialismo, cuya pretensión es dividir el territorio de la urbe, en tres o cuatro partes como una acción retrospectiva que nos conduzca al ancestral “imperio Incaico”. Según el planteamiento, esos territorios fueron parte del “Mapa Político” que regían a las comunidades de Mecapaca, Achocalla y Palca.

Con el grito de guerra contra el Municipio y los habitantes de La Paz, estas “autoridades” y “dirigentes del MAS”, lanzaron “su proclama para recuperar estas tierras” y que “los paceños” se lleven “sus municipios y botaderos municipales” que, los pueblos “indígena originario campesino, no los necesitan”. Para sentar precedente de su enérgica acción, las comunidades de las tres poblaciones realizaron su “cabildo”, en el cual, aprobaron “el ultimátum”, conminando al Alcalde Municipal de La Paz a proceder a la entrega de los “bienes públicos correspondientes” y definir la nueva delimitación geográfica de la urbe, como de los tres pueblos aledaños que hicieron la demanda respectiva.

La acción posterior fue desarrollar una “movilización campesina” hacia las zonas afectadas por el conflicto, produciéndose la inevitable incomunicación entre el centro de la ciudad y aquellos barrios situados en la parte sur de la urbe paceña y, con ello, el consabido perjuicio ciudadano, la paralización de actividades y la conmoción vehicular, respectiva, al amparo y mirada pasiva de las autoridades policiales.

Como es natural, el gobierno municipal de La Paz convocó a una manifestación de protesta por esta forma de “manipulación política” que cuenta con el respaldo del Gobernador de La Paz, quien expresó su adhesión a favor de las demandas de los tres pueblos y, posteriormente, consideró que podía cumplir el papel de mediador “para evitar una confrontación campo – ciudad”. No está demás puntualizar que, “una dicotomía de tal naturaleza” no es saludable para buscar la paz entre los pueblos, como no es saludable promover una acción social para crear incertidumbre en un proceso electoral que, según se dice, no debe tener partido y parcializaciones específicas, puesto que se trata de elegir autoridades del Tercer Poder del Estado, del encargado de administrar la justicia, de cumplir estrictamente con la Constitución y la Ley.

El ciudadano común se pregunta: ¿Qué dirección tiene o que objetivos deben cumplir estas sorpresivas movilizaciones de militantes del partido de gobierno?, ¿Por qué acompañar con campañas mediáticas, las acciones de colonizadores contra los marchistas del Tipnis?, ¿Es posible pensar en la realización del diálogo directo?. Esperemos.