Un año perdido en el diferendo de límites con Potosí

Hace un año -mientras una comisión oficial destacada por la Gobernación, con participación de un delegado del Comité Cívico y varios periodistas inspeccionaba la zona de conflicto-, se firmó un convenio con el Comité Cívico de Potosí, con el que se daba fin a una huelga de 19 días dispuesta por el pueblo potosino. Pasó un año y la frustración de Orureños y Potosinos es evidente por que perdimos no sólo mucho tiempo, sino la confianza en la palabra de las autoridades gubernamentales, de la Gobernación y del Comité Interinstitucional. Por supuesto que hay responsables para este fracaso a los que la historia los juzgará a su debido tiempo.

Políticamente, no creemos posible que el Gobierno ponga en juego su capital electoral inclinándose por uno de los Departamentos en particular, aunque el viceministro del área hizo lo que posiblemente habría hecho un orureño en su lugar. Todo es relativo y de acuerdo al cristal con el que se mira. El sentido común nos dice que la historia escrita en documentos de valor legal que se hallan en los archivos del Palacio Legislativo, difícilmente podrían ser cambiados por un funcionario/servidor público por muy alto que sea su rango.

PROCESO DE DELIMITACIÓN COLONIAL

Si la racionalidad se impusiera y las partes en conflicto aceptaran como válidos y definitivos los documentos históricos firmados durante la Colonia, el problema sería fácil de resolver. Bastaría con revisarlos prolijamente y convalidarlos por autoridad competente. Sin embargo, la historia nos demuestra que ello no siempre sucede. El caso paradigmático es el centenario diferendo que sostenemos con Chile.

En el problema que nos ocupa, los “coromeños” se habrían caracterizado por no aceptar las determinaciones que las autoridades españolas tomaron hace 440 años y se dieron a la tarea de avasallar periódicamente las tierras asignadas a los comunarios de Quillacas, conforme podemos constatar en el escrito publicado el año 1949 bajo el título: “El Proceso del Secular JUICIO DE LÍMITES entre las Comunidades de Quillacas y Coroma”, donde en las primeras páginas se afirma que el año 1571 se realizó la primera visita a la zona, por el medidor don Alonzo Pizarro, con asistencia del Gobernador de Coroma Mateo Arosquita, en la que se verificó el deslinde de ambas comunidades, previniendo a los indios de COROMA “se abstengan en lo sucesivo de traspasar los límites fijados por la visita”. El año 1600 se posesionó a los pobladores de Quillacas en esas tierras. En octubre del mismo año, se hizo el amojonamiento, se reforzó y reedificó los antiguos mojones destruidos por el paso del tiempo, y extendió los respectivos Títulos. Posteriormente, en los años 1646, 1651, 1652, 1675 y 1717 se ratificó el amojonamiento efectuado en 1571 por Alonso Pizarro.

Posteriormente, “En 1773, el Alcalde Mayor, Manuel José Cabello de León amparó también a Quillacas en esos mismos mojones de PAHUA, SAMANCHA, AHUÑAPI, QUIMSA-APACHETA, TUCUTA Y CANQUIRA que son los hitos que Quillacas sostiene inmemorialmente”. Los años 1775, 1778 y 1785 ante denuncias de avasallamiento de parte de los “coromeños”, se ratifica el amparo a favor de Quillacas, ordenando en algunos casos el apremio y encarcelamiento de los comunarios de Coroma, causantes de los avasallamientos.

Como se ve, desde los inicios de la época colonial, los pobladores de Coroma no aceptaron la delimitación ordenada por el virrey don Francisco de Toledo, efectuada por Alonso Pizarro y asistido por del entonces Gobernador de Coroma, y siempre que podían avasallaban el territorio de Quillacas, hasta nuestros días. El resumen extraído de la publicación presentada el año 1949, no sólo es muy ilustrativo, sino que es contundente en cuanto a la valía de los documentos históricos que deben servir de base para definir los límites definitivos entre Quillacas y Coroma.

Para concluir, si los potosinos no presentan otros documentos anteriores a los mencionados, lo que corresponde a las autoridades es ubicar exactamente los mojones indicados y que el Instituto Geográfico Militar los reafirme y restituya oficialmente en presencia de los comunarios en conflicto, los gobernadores de los departamentos de Oruro y Potosí, en presencia de los Comités Cívicos correspondientes.