En lo últimos días se ha generado un cruce de información que revela algunos detalles sobre el manejo administrativo de los fondos públicos, tanto en el Concejo Municipal, en la Alcaldía, brazo ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), pero también en la Gobernación, instrumento de toda la administración departamental.
En los dos casos, el GAMO y el Tesoro de la Gobernación, se reciben fondos que genera el pueblo a través de impuestos, otros recursos que provienen del Estado y algunos más que son parte de las regalías que se perciben por el uso de los recursos naturales, en todo caso, cualquiera fuese la procedencia del dinero que se utiliza en el Municipio o la Gobernación son fondos públicos y eso significa que es dinero del pueblo.
La administración de recursos en muchos casos se hace en desconocimiento de la población y se da cuenta de lo obrado con sendos informes de gastos en el desarrollo de algunos planes o en supuestas inversiones para el desarrollo del distrito y la ciudad. En algunos casos se justifica el gasto y se presentan obras de verdadero alcance comunitario, son las menos. La mayor parte de los fondos públicos se dilapidan y sólo sirven para crear “carteleras” de promoción política y de poco beneficio colectivo.
La población frente al descuido en la solución de sus grandes problemas, activa movilizaciones “sociales” con marchas, bloqueos, ayunos voluntarios y hasta conminatorias a ciertas autoridades que pierden su tiempo en solucionar problemas partidistas, olvidándose de las obligaciones que asumen, justamente por decisión del pueblo y cuyos recursos se utilizan deficientemente.
Los que saben de una adecuada administración de recursos económicos coinciden en señalar que “el problema no está en cuánto se gaste, sino en cómo se gaste”, esto significa que si la inversión es buena, los resultados serán igualmente buenos y la población estará contenta.
Lo que no se puede admitir es que se haga presupuestos irreales, con la inclusión de gastos onerosos, arbitrarios y que sólo benefician a contadas personas y no tengan sentido de inversión práctica que se multiplique en el crecimiento de servicios públicos o por lo menos en programas de seguridad ciudadana y regulación urbana.
Tampoco es justo que el presupuesto de nuestras entidades públicas sea utilizado para pagar las deudas que dejaron las anteriores autoridades y que por tales obligaciones se restrinja el gasto público destinado a encarar proyectos para la comunidad. Los gastos –deliberadamente– mal utilizados deben ser repuestos por las malas autoridades y además con cargo por los daños y perjuicios que estuviesen ocasionando al desarrollo de planes programados para la gestión en curso.
Ya es tiempo de frenar un impulsivo afán de figuración y con su lógica consecuencia de perjuicio a las entidades públicas y de incremento en la incertidumbre de la ciudadanía, frente al gasto dispendioso de sus recursos.
Las autoridades del GAMO y la Gobernación deben cumplir sus obligaciones de servicio a la población, recordando que el mal uso de los recursos del pueblo es un delito y conlleva drásticas sanciones por irresponsabilidad manifiesta.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.